Derechos confrontados
12.09.2016 10:37
Derechos confrontados
Van y vienen gobiernos y gobernantes de la Ciudad de México y ninguno se ha atrevido a regular las marchas que se realizan diariamente en la capital del país. Estos bloqueos de vialidades principales trastornan la vida de cientos de miles de personas que la habitamos y significan pérdida de tiempo, productividad y la emisión de toneladas de contaminantes a la atmosfera por las horas que los automotores se quedan varados.
Debido a las 20 marchas que se registran diariamente en esta capital, quienes circulamos en la Ciudad de México perdemos 346 horas al año, según un reporte del sitio TomTom que estudia el tráfico automovilístico en el mundo.
En general, las autoridades en México, de los tres niveles de gobierno, le tienen pánico a aplicar la ley, a pesar de que es su obligación, porque les causa terror que los califiquen de “autoritarios y represores”. Esto, bajo la premisa de su interés político, por lo que prefieren dejar correr las marchas y plantones antes que proteger el derecho ciudadano al libre tránsito.
Legalmente, a lo más que hemos llegado es a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado hace apenas un mes que “es constitucional la obligación de avisar con 48 horas de anticipación a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la realización de una marcha”.
No obstante, la SSP informó a la Corte que en la Ciudad de México se han registrado al menos 3 mil 644 protestas en este año sin aviso previo. Pero la Corte precisó que “la falta de aviso previo no las convierte en ilegales ni permite que las autoridades las disuelvan”.
De este modo, el Máximo Tribunal del país dice que sí están obligados los organizadores a dar aviso a las autoridades, pero si no lo hacen, ni son ilegales ni la autoridad puede impedirlas. ¿Entonces? La lógica y el sentido común (que es el menos común de los sentidos, sobre todo en las autoridades) indican que si se establece una obligación pero su incumplimiento no tiene sanción, pues simplemente pierde fuerza y razón de existir, pues no se va a cumplir la obligatoriedad.
Recordemos cuando en su momento en esta capital se promovió y se legisló sobre la obligatoriedad del seguro para automotores en la época de Andrés Manuel López Obrador, quien por ir en contra de las compañías aseguradoras –a las que consideraba empresas abusadoras–nunca estableció en el reglamento de tránsito las sanciones por no tener este seguro contra daños a terceros, por lo que la “obligatoriedad” desapareció simplemente porque si el automovilista no contaba con el seguro no había sanción establecida, lo que provocó que muchos no adquirieran la protección y se perdiera el objetivo.
Volviendo a la Corte, su determinación estableció que “no se podrá marchar en vialidades primarias de circulación continua”, aunque varios ministros advirtieron que “no está claro a qué se refiere este concepto”.
De manera que, como siempre pasa en nuestro país, nos enredamos solos con tanta maraña de imprecisiones, declaraciones y falta de interés político para hacer las cosas y hacerlas bien en favor de los ciudadanos, y no del interés de los políticos.
Eso sí, la policía está obligada a ejecutar operativos de seguridad en marchas espontáneas, lo que significa, como todos hemos sido testigos alguna vez, de que nuestros policías van resguardando a los manifestantes y cerrando grandes avenidas y calles a los automovilistas para que los señores lleguen generalmente al Zócalo capitalino a expresar sus demandas que casi nunca tienen que ver con la capital ni con las autoridades locales. Aunque también se dan casos como el que 50 personas bloqueen dos horas el Eje 10 sur en San Ángel para demandar agua y reducción del predial, afectando a cientos de automovilistas.
Recordemos que los gobiernos tienen la obligación de garantizar los derechos de todos los ciudadanos y cuando éstos son confrontados –como en el caso de la libertad de expresión y de manifestación contra el derecho al libre tránsito que comentamos–, se deben armonizar, encontrar un punto de equilibrio que garantice la sana convivencia de la sociedad. Sí es posible y las marchas deben regularse para tener orden en esta ciudad, de por sí tan conflictiva en su vialidad por el exceso de vehículos.
Ejemplos, hay varios: En Berlín, hay que avisar con 48 horas de anticipación e indicar la ruta a seguir, lugar y número de participantes, y están prohibidas en monumentos históricos; En Londres, hay que hacer una solicitud con seis días de anticipación e incluir fecha, hora y ruta, además de informar los nombres de los oradores; en París, presentar solicitud tres días antes de la manifestación y entregar un itinerario y los datos de tres responsables del evento; y en Madrid, notificar por escrito 10 días antes del evento y quedan prohibidas cuando existen indicios de graves desórdenes públicos.
¿Algún día nuestros flamantes dirigentes capitalinos harán algo en favor de los ciudadanos en lugar de estar pensando en su futuro político y su próximo puesto? Perdón, olvidé que estamos en México y que por algo la clase política es tan poco reconocida entre la ciudadanía porque ha demostrado una y mil veces que sólo actúa en su propio interés, y los capitalinos “pues que se aguanten
Van y vienen gobiernos y gobernantes de la Ciudad de México y ninguno se ha atrevido a regular las marchas que se realizan diariamente en la capital del país. Estos bloqueos de vialidades principales trastornan la vida de cientos de miles de personas que la habitamos y significan pérdida de tiempo, productividad y la emisión de toneladas de contaminantes a la atmosfera por las horas que los automotores se quedan varados.
Debido a las 20 marchas que se registran diariamente en esta capital, quienes circulamos en la Ciudad de México perdemos 346 horas al año, según un reporte del sitio TomTom que estudia el tráfico automovilístico en el mundo.
En general, las autoridades en México, de los tres niveles de gobierno, le tienen pánico a aplicar la ley, a pesar de que es su obligación, porque les causa terror que los califiquen de “autoritarios y represores”. Esto, bajo la premisa de su interés político, por lo que prefieren dejar correr las marchas y plantones antes que proteger el derecho ciudadano al libre tránsito.
Legalmente, a lo más que hemos llegado es a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya declarado hace apenas un mes que “es constitucional la obligación de avisar con 48 horas de anticipación a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la realización de una marcha”.
No obstante, la SSP informó a la Corte que en la Ciudad de México se han registrado al menos 3 mil 644 protestas en este año sin aviso previo. Pero la Corte precisó que “la falta de aviso previo no las convierte en ilegales ni permite que las autoridades las disuelvan”.
De este modo, el Máximo Tribunal del país dice que sí están obligados los organizadores a dar aviso a las autoridades, pero si no lo hacen, ni son ilegales ni la autoridad puede impedirlas. ¿Entonces? La lógica y el sentido común (que es el menos común de los sentidos, sobre todo en las autoridades) indican que si se establece una obligación pero su incumplimiento no tiene sanción, pues simplemente pierde fuerza y razón de existir, pues no se va a cumplir la obligatoriedad.
Recordemos cuando en su momento en esta capital se promovió y se legisló sobre la obligatoriedad del seguro para automotores en la época de Andrés Manuel López Obrador, quien por ir en contra de las compañías aseguradoras –a las que consideraba empresas abusadoras–nunca estableció en el reglamento de tránsito las sanciones por no tener este seguro contra daños a terceros, por lo que la “obligatoriedad” desapareció simplemente porque si el automovilista no contaba con el seguro no había sanción establecida, lo que provocó que muchos no adquirieran la protección y se perdiera el objetivo.
Volviendo a la Corte, su determinación estableció que “no se podrá marchar en vialidades primarias de circulación continua”, aunque varios ministros advirtieron que “no está claro a qué se refiere este concepto”.
De manera que, como siempre pasa en nuestro país, nos enredamos solos con tanta maraña de imprecisiones, declaraciones y falta de interés político para hacer las cosas y hacerlas bien en favor de los ciudadanos, y no del interés de los políticos.
Eso sí, la policía está obligada a ejecutar operativos de seguridad en marchas espontáneas, lo que significa, como todos hemos sido testigos alguna vez, de que nuestros policías van resguardando a los manifestantes y cerrando grandes avenidas y calles a los automovilistas para que los señores lleguen generalmente al Zócalo capitalino a expresar sus demandas que casi nunca tienen que ver con la capital ni con las autoridades locales. Aunque también se dan casos como el que 50 personas bloqueen dos horas el Eje 10 sur en San Ángel para demandar agua y reducción del predial, afectando a cientos de automovilistas.
Recordemos que los gobiernos tienen la obligación de garantizar los derechos de todos los ciudadanos y cuando éstos son confrontados –como en el caso de la libertad de expresión y de manifestación contra el derecho al libre tránsito que comentamos–, se deben armonizar, encontrar un punto de equilibrio que garantice la sana convivencia de la sociedad. Sí es posible y las marchas deben regularse para tener orden en esta ciudad, de por sí tan conflictiva en su vialidad por el exceso de vehículos.
Ejemplos, hay varios: En Berlín, hay que avisar con 48 horas de anticipación e indicar la ruta a seguir, lugar y número de participantes, y están prohibidas en monumentos históricos; En Londres, hay que hacer una solicitud con seis días de anticipación e incluir fecha, hora y ruta, además de informar los nombres de los oradores; en París, presentar solicitud tres días antes de la manifestación y entregar un itinerario y los datos de tres responsables del evento; y en Madrid, notificar por escrito 10 días antes del evento y quedan prohibidas cuando existen indicios de graves desórdenes públicos.
¿Algún día nuestros flamantes dirigentes capitalinos harán algo en favor de los ciudadanos en lugar de estar pensando en su futuro político y su próximo puesto? Perdón, olvidé que estamos en México y que por algo la clase política es tan poco reconocida entre la ciudadanía porque ha demostrado una y mil veces que sólo actúa en su propio interés, y los capitalinos “pues que se aguanten”.