Franja Sur. Autonomía de gestión

En México es costumbre que quienes hacen las leyes tienden a usar términos o muy técnicos o rebuscados. Otra modalidad es la de utilizar ambigüedades. Un ejemplo de ello son los códigos electorales. 

 

Pareciera que el propósito es que los ciudadanos no entiendan los ordenamientos o de plano el objetivo es causar confusiones, y, siempre lo consiguen.

 

Ahora mismo este tipo de redacciones en las leyes, en las que no se puntualiza con claridad sus propósitos, provoca desconcierto e incita a la duda y, salta la desconfianza de quienes deben sujetarse a las nuevas reglas. 

 

La controversia más discutida en los recientes días en Tabasco tiene que ver con el tema de que supuestamente ahora los padres de familias deberán comprar los libros de texto y se harán cargo del mantenimiento de las escuelas.

 

Como ya hemos consignado en este espacio, la Secretaría de Educación salió al paso para afirmar que eso es falso. 

 

Y, aunque en efecto, en la reforma educativa no se dice de tal manera, esto es, con todas sus letras: que los padres tendrán que comprar libros y pagar el sostenimiento de los centros educativos, sí hay una parte en la que dejan entreverlo, porque no se expone con claridad el asunto.       

 

Cheque el lector el siguiente párrafo: “III. Las adecuaciones al marco jurídico para: a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta”. 

      

Si usted leyó bien, podría interpretarse que, a partir de la nueva reforma educativa, hay que hacer uso de la “autonomía de gestión”, para solucionar los problemas de las escuelas, esto es, recurrir a mecenas o a las cuotas de los padres de familias. 

 

Sobre este punto el subsecretario de Educación Media y Superior, Emilio de Ygartua, explicó que esa “autonomía de gestión”  se hará ante el gobierno, entonces, ¿por qué no se precisó que el gobierno dará los recursos? Ese es el tema.

 

En el inciso b) se dice que “(…) En aquellas escuelas que lo necesiten, se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales”. 

 

Aquí ya se habla de la compra de alimentos a la “iniciativa privada”. El gobierno federal alega que no privatizarán la educación, Entonces, ¿por qué ahora participarán empresas en las escuelas públicas? ¿Se acabarán los desayunos escolares que daba el gobierno?  

 

Desde luego, el gobierno de Tabasco no tiene nada que ver con la promulgación de la reforma educativa, el tema es federal, y, por supuesto, no le compete a las autoridades estatales realizar ninguna modificación a las enmiendas. 

 

Ahora bien, sí es su responsabilidad garantizarle seguridad a los tabasqueños y que permanezca la gobernabilidad en el estado, claro, recurriendo a la mejor herramienta de la política: el diálogo.  

 

El tema es que en la forma en que está escrita la traída y llevada reforma educativa, pareciera que el gobierno de la República y, los diputados federales que la aprobaron, quieren dar gato por liebre.   

 

La buena noticia en el caso, es que ayer por la tarde comenzaron las negociaciones entre los inconformes con la reforma educativa y el gobierno del estado, cuyas pláticas encabeza el secretario de Gobierno Raúl Ojeda Zubieta. 

 

Hasta el cierre de esta columna, dialogaban en la Catedral de Tabasco para tratar de destrabar el conflicto que mantiene cerrada la carretera federal Frontera-Villahermosa. Enhorabuena.