Franja Sur. Un régimen fallido

Las recientes acciones del gobierno federal dejan mucho a la reflexión y, cada vez más a un grueso sector de ciudadano está quedando claro que el régimen priista no llegó al poder para servir a los mexicanos.

 

El aumento a las tarifas de luz, el incremento a la gasolina, el atropello a los derechos laborales de los maestros y lanzar a la calle a miles de trabajadores de Pemex son señales inequívocas de que este gobierno no está con la gente.

 

Y las pésimas decisiones de esta administración federal, está pegando parejo a todos los sectores. A ricos y pobres, asimismo a los asalariados y patrones.

 

Nadie se salva de un gobierno sometido por los intereses creados. 

 

Veamos: este inicio de semana el diputado local del PRD Juan Manuel Fócil Pérez declaró a los medios lo siguiente: “hacer público el patrimonio que se tiene es poner en riesgo la vida ante los grados de inseguridad que permean en el país”.

 

Claro, el legislador se refirió a la llamada “Ley 3 de 3”, en cuyo cumplimento los servidores públicos deben dar a conocer todos sus bienes habidos y por haber. 

 

La opinión de Fócil Pérez no es descabellada, y aunque calificó de sano que los servidores públicos y representantes populares cumplan con lo estipulado en la ley, el problema es realizarlo en estos tiempos en las autoridades cojean en la parte de seguridad. 

 

“Al momento de hacerse público puede generar problemas de seguridad. La inseguridad es un problema muy fuerte que está teniendo nuestra sociedad. No podemos obligar en éste momento a ciertos funcionarios públicos o representantes populares, en que se haga público su patrimonio. Se poner en riesgo la vida de su familia o la de ellos”, reflexionó el diputado del PRD. 

 

Entonces, esta medida es otra mala acción del gobierno y los diputados al servicio del régimen, pues de este modo y de forma legal le estarían sacando información a los servidores públicos y los pondrían de a pechito para figurar en las estadísticas de secuestros.  

 

Esa Ley 3 de 3 es la misma a la que se opuso el sector privado de este país. ¿Recuerda el lector aquella protesta de un grupo de empresarios en el Ángel de la Independencia, que luego fue recibido por el presidente Enrique Peña en Los Pinos?

 

La movilización de los hombres de negocios fue en contra de esa ley, porque pretendían imponérsela a los empresarios, pero el mandatario federal la vetó. 

El viernes 24 de junio pasado los medios de cobertura nacional publicaron: “El presidente Enrique Peña Nieto vetó ayer el controvertido artículo 32 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, aprobado la semana pasada por el Congreso de la Unión como parte del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y conocido como ley 3 de 3, el cual obligaba a todo particular que tuviera tratos con el gobierno a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses”.

 

Ahora levanta la voz un político en Tabasco por esa dichosa ley, pero además continúan las protestas de maestros en el país, y cunde la inconformidad en el sector salud por la llamada “universalidad de los servicios de salud” que, según los profesionales de ese sector, atenta contra los trabajadores y contra los derechohabientes.

 

A la par aumentan los precios de la luz, el gas, la gasolina, continúa creciendo el desempleo, sigue imparable la inseguridad y no hay obra pública. 

  

Entonces, ¿al servicio de quien o de quienes está este régimen priista? Usted juzgue.

 

En plática con economistas, amplio conocedores del tema, aseguran a este franjero que los organismo financieros internacionales, no únicamente están atrás dela reforma educativa, sino de todo el funcionamiento del régimen. Ahí debe estar la clave de tantos y repetidos agravios en contra del pueblo de México.