Hay mucho de fondo en el nuevo caso de tortura
Comencemos este breve análisis por lo obvio: ninguna institución armada está excenta de prácticas deleznables, como el de la tortura. Es más, en países como los Estados Unidos han sido autorizadas desde la misma Presidencia de la República. Basta recordar lo que hizo George Walker Bush cuando estuvo al frente de la Casa Blanca. Esto, sin embargo, no justifica. Sólo explica.
Pasemos, ahora, a los significados que esconde el nuevo escándalo:
1. Que soldados y policías militares recurran a la tortura -como lo explica muy bien el coronel retirado Gerardo Herrera Huízar- evidencia que el Estado mexicano carece de un verdadero Servicio de Inteligencia.
2. Que abusos de este tipo son la consecuencia lógica de haber lanzado a las fuerzas armadas a combatir a la delincuencia organizada sin un marco legal específico, explícito y transparente.
3. Que no se ha trabajado lo suficiente al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para atenuar los efectos de los abusos cometidos por los grupos criminales contra soldados que cumplen limpiamente con su deber, a costa de sufrir torturas, mutilaciones y hasta la pérdida de la existencia. ¿Qué tanto lo que vimos en redes sociales es producto de un dolor profundo por la muerte de algún compañero de armas? ¿No será que en el trato cruel e inhumano dado a la mujer que aparece en el video se esconde un resentimiento vengativo? No se piense que estamos justificando este caso de tortura. De ninguna manera. Sólo formulamos una hipótesis para tratar de explicarlo.
4. Que la comunicación social de la Sedena debe ser más abierta, en cuanto a los abusos sufridos por sus elementos. De esta manera, podría contrarrestar -con argumentos convincentes- las recurrentes campañas de desprestigio que se le enderezan, por parte de las izquierdas.
5. La Defensa Nacional debe informar con oportunidad y absoluta pulcritud de cuántos de sus elementos son investigados o procesados por violar los derechos humanos y cuántos más, han sido sentenciados por los mismos motivos. La propaganda presenta a la Sedena como cómplice de los uniformados que abusan de su autoridad.
6. Este escándalo coincide con la campaña mediática motivada por el fin del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investiga el caso Ayotzinapa.
7. Que activistas como Emilio Álvarez Icaza pretenden que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Usubordinada al Departamento de Estado norteamericano) tenga injerencia sobre las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, so pretexto de casos como los de Tlatlaya e Iguala.
8. Que cuando el demócrata Bill Clinton era presidente de Estados Unidos, Washington lanzó una iniciativa para crear una Policía Interamericana preparada para combatir a la delincuencia organizada. Detrás de este loable propósito se escondía -y se esconde- el objetivo de acabar con los ejércitos nacionales, que son bastiones nacionalistas que estorban a la globalización neoliberal.
Conclusión: las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina deben hacer una depuración -que nada tiene qué ver con una "cacería de brujas"- y modificar sus políticas de comunicación social, para hacerlas más abiertas; de no llevarlo a cabo, casos como éste (que suponemos que son aislados) habrán de repetirse y facilitar las tareas a aquellos que quieren someter a nuestras fuerzas armadas a instancias internacionales controladas por Estados Unidos, como paso previo a su desaparición.