Por la renovación profunda del Sistema de Justicia en México
30.07.2015 13:43
La más reciente Encuesta Nacional de Victimización de la Empresa, elaborada por el INEGI, estima que el costo total de la inseguridad y el delito para las unidades económicas representó 110 mil millones de pesos, es decir, el 0.66 % del Producto Interno Bruto nacional.
Se estima que cada unidad económica gastó 55 mil 738 pesos en promedio, en medidas de protección y pérdidas a consecuencia del delito. Por eso sigue siendo un gran costo para la productividad y el desarrollo económico; ahí es donde tenemos el reto.
El autor (*) es presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Diversos sectores de la sociedad mexicana se preguntan por qué no ha sido posible crecer más con el impulso de las reformas estructurales, en las que se depositaron grandes expectativas para lograr un desarrollo más igualitario del país.
Algunas respuestas a esas interrogantes tienen que ver con la economía global, como la crisis de deuda en Grecia y su impacto en la Unión Europea; el crecimiento más lento de lo esperado en China y las señales de un cambio en política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que posiblemente impulsarán un alza de las tasas de interés internacionales.
Existen, además, limitantes en nuestro mercado interno, como el lento crecimiento del consumo y la inversión.
Sin embargo, existen otros problemas de gran peso, como la seguridad pública que sigue siendo, a pesar de que se ha mejorado, uno de los retos importantes en algunas regiones del país, por el tipo de crimen, y la debilidad institucional expresada en incumplimiento en la aplicación de la ley y altos niveles de corrupción e impunidad, factores que generan desorden en la convivencia social e inciden en el entorno de las empresas y los negocios y les impiden crecer y generar empleos.
En la encuesta que mensualmente realiza el Banco de México, a lo largo de 18 meses consecutivos los analistas privados del país y del exterior perciben que el principal factor que podría limitar el crecimiento económico de México es el Estado de Derecho y la seguridad, éste sigue siendo el tema nodal para el desarrollo económico.
La más reciente Encuesta Nacional de Victimización de la Empresa, elaborada por el INEGI, estima que el costo total de la inseguridad y el delito para las unidades económicas representó 110 mil millones de pesos, es decir, el 0.66 % del Producto Interno Bruto nacional.
Se estima que cada unidad económica gastó 55 mil 738 pesos en promedio, en medidas de protección y pérdidas a consecuencia del delito. Por eso sigue siendo un gran costo para la productividad y el desarrollo económico; ahí es donde tenemos el reto.
Sin embargo, sólo se denuncia el 15.3% de los delitos, porque se considera una pérdida de tiempo y hay desconfianza en las autoridades.
Los mexicanos no queremos seguir observando altos índices delictivos, ni corrupción ni impunidad como si fueran algo normal en nuestra cultura. Queremos un combate efectivo a esos flagelos, para que se restaure la confianza en las autoridades, se fortalezcan nuestras instituciones y la confianza en nuestro sistema de impartición de justicia.
Para lograr un mayor desarrollo y niveles de bienestar, es preciso asegurar la total certidumbre a la inversión nacional y extranjera, la generación de empleos y oportunidades para que tengan las mejores condiciones de crear empleos formales y crecimiento y desarrollo.
Fortalecer el Estado de Derecho no es sólo una tarea de las autoridades; es una labor que nos involucra a todos como sociedad. Juntos sociedad y gobierno cada quien en lo que nos corresponde. Es una tarea que debe ser la principal responsabilidad de los titulares del Poder Ejecutivo, desde el municipio hasta la nación, de los legisladores locales y federales, de los policías, los fiscales y jueces, pero también de nosotros los ciudadanos, los empresarios, los profesionistas, los miembros de las organizaciones sociales, los ciudadanos todos en general tenemos una responsabilidad con la seguridad y la impartición de justicia.
La prioridad de todos es reconstruir la confianza en nuestras instituciones, en nuestro país, y en nuestras propias leyes. Este es el modelo de nación donde en podemos crecer con certidumbre hacia el futuro, en donde podemos tener oportunidades para más mexicanos y donde podemos tener crecimiento sostenible en el tiempo. En Coparmex queremos que en todas las regiones del país vuelva a renacer el espíritu y la esperanza emprendedora.
Necesitamos acelerar el crecimiento económico, pero no para crecer de cualquier manera, ni bajo la suspicacia de prácticas de corrupción, ni de influyentismo ni de privilegios ni bajo el miedo de las personas.
Nuestro compromiso en COPARMEX es coadyuvar a restaurar nuestro sistema de justicia desde la sociedad, para que sea eficaz y transparente, que nos devuelva la confianza en nuestras instituciones y, que estas sean cada vez más fuertes, más sólidas, que generemos la confianza entre todos los mexicanos y así nos permita ser lo suficientemente fuertes como sociedad para afrontar los retos de México en el corto, el mediano y el largo plazo.
Ayer, en nombre de la COPARMEX Nacional firmamos un convenio de colaboración, con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la SETEC, en la Secretaría de Gobernación, en el que los empresarios nos comprometemos a dar un apoyo decidido a la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal, y particularmente, a colaborar en la difusión de los beneficios del sistema de juicios orales, para que la sociedad sepa que tenemos un nuevo instrumento que nos lleve hacia la justicia expedita, transparente, y clara e igual para todos los mexicanos.
Lo haremos a través de nuestra red de 65 Centros Empresariales en todo el país. Vamos a diseñar y organizar cursos y conferencias que permitan a las empresas, a las personas, a la sociedad en general, comprender los alcances, oportunidades y beneficios de este nuevo paradigma en la impartición de justicia en México.
Nuestro compromiso es impulsar y apoyar este esfuerzo, porque estamos ciertos de que es una de las reformas fundamentales para la consolidación del Estado de Derecho y, como tal, un elemento crucial para alcanzar el México que todos queremos, el México que merecemos.
La certeza jurídica, instituciones eficaces y un sistema de impartición de justicia con credibilidad son factores fundamentales para atraer inversiones y crecimiento económico, para generar empleos, mejores oportunidades de vida para los mexicanos. Bienestar para todos.
Necesitamos acciones concretas de los tres Poderes de la Unión que nos permitan recuperar la convivencia pacífica entre los mexicanos y fortalecer la confianza en nuestro México, en nuestras instituciones. Las propuestas de COPARMEX en este sentido son por un lado un combate frontal a los delitos que más afectan a las personas, como el secuestro y la extorsión.
Una profunda revisión de nuestro modelo penitenciario, la columna vertebral de toda la impartición de justicia, capacitando y certificando a los policías. Nuestros policías deben contar con una formación integral y recurrente, con programas en Universidades y centros de estudio con énfasis en la formación ética y de valores.
La instrumentación eficaz del Sistema Nacional Anticorrupción, para que la impunidad no dañe la correcta aplicación del Estado de Derecho.
Y una Ley de Seguridad Nacional que enmarque el accionar de las Fuerzas Armadas, dándoles facultades para seguir haciendo lo que hacen hoy por México y la sociedad.
México necesita una renovación profunda de su sistema de justicia, para la confianza y certidumbre de todos los mexicanos. Que elimine la discrecionalidad, la opacidad y, sobre todo, la impunidad. Porque la impunidad es el principal elemento que corroe las instituciones y su legitimidad: la falta de castigo a la corrupción, a la violación de la ley sistemática, ponen en duda frente al ciudadano la igualdad ante la ley.
En este sentido y en congruencia con lo aquí expresado, Demandamos a la próxima Legislatura dar prioridad a las reformas que quedaron pendientes en el periodo de sesiones pasado.
Los urgimos a colocar el combate a la corrupción como prioridad en la agenda nacional. Es preciso acelerar la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción, por ello que se dé prioridad en el Senado al nombramiento del Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción y que se integre el Comité Coordinador de ese sistema.
Que se dictaminen las iniciativas del Ejecutivo para crear las leyes de policías estatales únicas, el combate a la infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales y la redefinición de competencias en materia penal.
Recuperar la tranquilidad, la confianza y el pleno Estado de derecho en México es perfectamente posible si todos hacemos lo que nos corresponde. Con determinación, constancia, entrega y amor a México, superaremos este desafío porque estamos ciertos que ese el camino.
En esta oportunidad también les envío abrazo afectuoso para todos. Los invito a seguir trabajando cada día, con nuestro mejor esfuerzo, para seguir construyendo un país más justo y equitativo para todos los mexicanos. Con nuestro trabajo generaremos oportunidades los demás. Ese es nuestro compromiso.
(*) Act. Juan Pablo Castañón Castañón
Presidente Nacional
Nota: el presente comunicado se difundió, originalmente, el martes 28 de julio de 2015.