Sociedad Punto Cero
12.10.2014 19:35
Advertencia desoída.
Por José Víctor Rodríguez Nájera. *
La Organización de la Naciones Unidas (ONU) le recomendó en marzo pasado al gobierno mexicano devolver a sus cuarteles a los soldados del Ejército quienes hacen funciones de policía debido a que el organismo internacional consideró que su presencia en las calles podría generar que "la población civil se vea expuesta a toda clase de atropellos".
“El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de su fuerza (y) los soldados que realizan labores policiales (en el territorio mexicano) les cuesta mucho renunciar al paradigma militar" explicó Christof Heyns, relator sobre los derechos humanos de la ONU en un informe del que Sociedad Punto Cero tiene copia.
El documento cobra relevancia luego de que tres integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron arrestados al documentarse que atacaron a un grupo de ciudadanos en Tlatlaya, estado de México, donde perdieron la vida 23 personas.
El documento, fechado en enero de 2014, fue entregado al titular de la secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, una copia fue dirigida al presidente Enrique Peña Nieto y otra más al Poder Legislativo. La Cámara de Diputados la recibió en marzo pasado cuando Ricardo Anaya fungía como presidente de la mesa directiva.
Los apuntes del relator de la ONU mantienen 122 recomendaciones y conclusiones que observó durante su visita a México entre el 22 de abril y el 2 de mayo de 2013; Christof Heyns observó casos en la ciudad de México, Chihuahua, Guerrero y Nuevo León. Así como personas afectadas en la violación en sus derechos humanos de Tamaulipas y Coahuila.
El documento se tituló “Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extraordinarias, sumarias o arbitrarias”, y expone que el criterio para juzgar cualquier acción policial “se centra en la prevención, la detención, la investigación y el enjuiciamiento y sólo contempla en uso de la fuerza como última instancia”.
“Permitiendo el uso de la fuerza letal únicamente para evitar la pérdida de la vidas humanas”, sostuvo Christof Heyns en el informe referido.
Con estos datos, el Estado mexicano que representa tanto el jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, como el titular de la política interior del país, Miguel Ángel Osorio Chong, estarían ubicados en una situación muy compleja, ya que si bien estas recomendaciones no son vinculatorias, provocaría graves conflictos internacionales.
Principalmente con aquellos países que han signado sendos tratados internacionales en materia de la protección de los derechos humanos, sin duda. Pero sobretodo con los ciudadanos a quienes dicen representar, debido a que la seguridad ha fallado en dos casos en los recientes días.
Guerrero, con la desaparición, hasta ahora, de 43 estudiantes normalistas quienes las investigaciones hacen suponer que policías estatales, municipales y militares estarían encubriendo una desaparición extrajudicial.
Y con el caso en el estado de México donde se hace flagrante la incapacidad de usar al Ejercito en labores policiales tras el asesinato de 23 civiles. Alguien tiene que ofrecer garantías de gobernabilidad a los ciudadanos. Pero no lo es el Poder Ejecutivo, tampoco el Legislativo, que una vez más se hace cómplice del gobierno en turno. No hay duda.
(*) Periodista mexicano / @JoseVictor_Rdz