Sociedad Punto Cero

La omisión de soldados del Ejército mexicano -durante y después de los dos ataques de integrantes de la policía de Iguala, Guerrero, contra la población civil, entre ellos, un grupo de estudiantes de la  escuela normal rural “Isidro Burgos”- es a toda luz un atropello a los derechos humanos que involucra a su jefe, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, y su propio comandante supremo, Enrique Peña Nieto.

 

Existe registro de alumnos sobrevivientes -perdieron la vida tres de ellos y tres más lugareños- de que los integrantes del 27 batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) salieron de su guarnición, ubicado a unos 500 metros del lugar donde fueron agredidos los estudiantes, no a repeler el ataque, sino a amedrentar a los normalistas.

 

Incluso, describen algunos, los miembros del Ejército mediano cuestionaron a los normalistas “no que muchos pantalones, se lo buscaron”, al tiempo de fotografiar el rostro de todos los sobrevivientes, así como el registro de sus respectivos nombres.

 

Por si fuera poco, otro grupo de soldados increpó a un tercer grupo de normalistas guerrerenses cuando éstos los últimos intentaban alojar a uno de sus compañeros herido tras el ataque de los policías de Iguala en un pequeño hospital de la zona.

 

Según testimonios de los alumnos universitarios, los soldados mexicanos interceptaron a un cuarto grupo, para advertirle que por actos vandálicos serían puestos en prisión, al tiempo de advertirles “se lo buscaron”, cuando solicitaban su intervención y apoyo para pedir una ambulancia con urgencia, que nunca llegó.

 

Estos hechos por si solos constituyen una grave omisión en contra de los afectados ya que ante la comisión de varios delitos, no actuaron contra los agresores, a favor de los sobrevivientes, y mucho menos a favor de los heridos, que después perdieron la vida.

 

Esto se agrava aún más, ya que, como se sabe, los soldados solicitan la anuencia de sus superiores para actuar en situaciones de riesgo, como lo fue el ataque en contra de la población civil el pasado 26 de septiembre, que le costó la vida a seis civiles y el posterior secuestro de 43 estudiantes normalistas, que hasta la fecha no aparecen.

 

El “parte de novedades” debió llegar al jefe de la zona militar, del secretario de la Defensa Nacional y del comandante supremo de las fuerzas armadas de manera inmediata, anexo de una ficha informativa de inteligencia militar, debido a la gravedad de los hechos.

 

Además, de la posible colusión de los integrantes castrenses en las filas del narcotráfico, o viceversa, ya que todo indica que las advertencias de la emergencia contra la sociedad civil pasaron sin el mayor recato de las autoridades militares inmediatas, hasta el día de hoy.

 

Estos señalamientos ya están en boca del alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña Palacios; y, del director Amnistía Internacional-México, Perseo Quiroz Rendón, quienes ya trabajan en consecuencia.

 

Sociedad Punto Cero dio cuenta que la Organización de la Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobierno mexicano, desde marzo pasado, devolver a sus cuarteles a los soldados del Ejército mexicano que hacen funciones de policía en el país, debido a que consideró que su presencia en las calles podría generar que "la población civil se vea expuesta a toda clase de atropellos".

 

De esta forma, tanto Cienfuegos Cepeda como Peña Nieto, tendrán que responder, o por omisión o por falta de acción por delitos imputables a su responsabilidad directa, el haber evitado salvaguardar a la sociedad civil, que en otros términos se le conoce como seguridad nacional.

 

(*) Periodista mexicano / @JoseVictor_Rdz