Sociedad Punto Cero

Un coronel que podría ser la clave

 

Por José Víctor Rodríguez Nájera (*)

 

Las complicidades que tejió José Luis Abarca, señalado como el autor material del asesinato de seis personas y la privación ilegal de la libertad de 43 estudiantes normalistas, llevan irremediablemente hasta la puerta de la guarnición militar del 27/o Batallón de Infantería del Ejército mexicano.

 

Luego de la aportación que ofreció el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, a un grupo de diputados federales, donde situó al comandante de este batallón, José Rodríguez Pérez, en la fiesta que ofrecían los Abarca en el momento en que eran atacados ciudadanos por integrantes de la policía municipal, se suman a otros indicios más.

 

Sucede que los Abarca (José Luis y María de los Ángeles) tejieron una red política, entre los que resaltan Zeferino Torre Blanca (gobernador de Guerrero entre 2005 y 2011), Rubén Figueroa (gobernador de Guerrero entre 1993-1996) y Lázaro Mazón Alonso (senador de la República entre 2006 y 2011), para hacerse de un terreno en calidad de “donación”, propiedad de la guarnición militar en Iguala, Guerrero.

 

El predio (de cuatro hectáreas) fue entregado a José Luis Abarca por la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la primera administración federal panista con la intención de ser destinado en la edificación de, nada más y nada menos, que del Centro Comercial Galerías Tamarindo, ubicado justo enfrente de la guarnición militar.

 

En aquel entonces, el general Ricardo Vega García –titular de la Sedena en la administración de Vicente Fox Quezada— aprobó dicha “donación”; sin embargo, hasta el momento se desconocen los detalles del acuerdo, ya que el terreno que fue propiedad de la federación se destinó para uso particular.

 

En este sentido, se une una pieza más al rompecabezas que hoy mantienen en una severa crisis al gobierno de Guerrero, el Estado mexicano, junto con sus instituciones, entre ellas, la más importante, el Ejército mexicano, luego de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos”.

 

A decir de Guillermo Anaya, presidente la comisión que investiga este caso desde la Cámara de Diputados, estas dos variantes (la donación del terreno y la omisión de las fuerzas armadas) podrían ser elementos fundamentales para saber la verdad de los hechos que se registraron la noche del pasado 26 septiembre.

 

Es prudente resaltar la amistad que tejieron José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, con el responsable de la guarnición militar, el coronel José Rodríguez Pérez, municipio que (in)gobernaba: Iguala.

 

(*) Periodista mexicano / @JoseVictor_Rdz