Por: Redacción PL.
La reducción del gastro programable para 2017 propuesta por el gobierno federal no es de 228 mil 500 millones de pesos, sino de 84 mil millones, expuso el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.
En su mensaje semanal, explicó que al recorte anunciado se le deben restar, entre otros rubros, los 90 mil 500 millones comprometidos para el pago de la deuda y los 37 mil millones de pesos destinados a los estados de la República. De hecho, apuntó que los recursos para las entidades federativas no sólo no se recortarán, sino que tendrían un incrmento de 8 por ciento.
Por ello, llamó al Congreso de la Unión a que analice todas las posibilidades de reducir efectivamente el gasto público, a fin de que el país tenga la solvencia necesaria para pagar los intereses de la deuda pública.
De igual manera, exhortó con urgencia a los gobiernos estatales y municipales a cumplir con una contabilidad transparente y la rendición de cuentas.
El líder del CCE apuntó que la reducción del gasto programable se sigue recargando en el gasto de capital, es decir, en la inversión física, principalmente en la de infraestructura, a la que se le recortan 204 mil millones de pesos, lo que equivale a un ajuste de 27 por ciento en términos reales. En tanto, al gasto corriente se le disminuyen 112 mil 500 millones de pesos.
"En eso, nos parece que es el sentido correcto, pero nos preocupa el gasto de inversión, por tal motivo estamos buscando la mayor celeridad de las asociaciones público privadas, para que la infraestructura se siga dando, de tal forma que la iniciativa privada coadyuve a la construcción de la infraestructura que requerimos."
El renglón que sigue incrementándose preocupantemente, como en años anteriores, es el de pensiones: 88 mil 600 millones de pesos. Este es realmente un problema estructural que tenemos en el mediano y en el largo plazo, que hay que desactivar con previsión, en los próximos ejercicios fiscales.
Todo esto impide que la necesidad de financiamiento se reduzca significativamente, ya que el balance presupuestal se mantiene en niveles altos, más de 495 mil millones de pesos. A ello hay que añadir los requerimientos que se tendrán por IPAB, PIDIREGAS y otros conceptos, llegando a una suma total de 571 mil millones de pesos de necesidades de nuevos financiamientos. Esto implica que la deuda seguirá creciendo para cubrir el faltante, para poder pagar los intereses y los compromisos que ya tenemos: un 2.8% del PIB durante el 2017.
El objetivo de un superávit primario de 0.4% del PIB es adecuado, es en el sentido correcto, pero no es suficiente, ya que la deuda como proporción del PIB aumentará casi tres puntos base, a cerca de 53% del PIB, a fines del 2017. Cabe señalar que esta cifra no incluye también la deuda de los estados y municipios, que es prácticamente 3 puntos del PIB, es decir, a finales del 2017, si no hacemos algo en mayores ahorros, tendremos una deuda con respecto al PIB de 55%.
Apunto que la única posibilidad de que no se incremente en ese monto la deuda es llevando a cabo una reducción adicional a los programas no prioritarios: alrededor de 220 mil millones de pesos adicionales.
"Adicionalmente a esto, requerimos hacer un gran estudio y de gran alcance, de cuál es la reforma fiscal necesaria para la aplicación de los recursos, y para tener mayor eficiencia en el gasto público. Esto requerirá un estudio de 2 o 3 años que nos lleve a encontrar todos los programas que se duplican y que llevan costos administrativos en exceso, para hacer un gasto eficiente, además de adaptarlo a las verdaderas necesidades de México", concluyó.
Por: Redacción PL.
Foto: CCE.
Lunes 12 de septiembre de 2016.
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, advirtió que a pesar de que el objetivo del gobierno federal, en el sentido de lograr un superávit primario de 0.4 por ciento en 2017, es correcto, será insuficiente porque la deuda aumentará en casi tres puntos base, a para aproximarse a 53 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), a fines del próximo año.
En su mensaje semanal, aclaró que esta cifra no incluye la deuda de los estados y municipios, que es prácticamente de 3 puntos del PIB, por lo que a finales del próximo año, si el gobierno federal no hace ahorros mayores, la deuda del país será de 55 por ciento con respecto al PIB.
Apuntó que la única posibilidad de que no se incremente la deuda en ese monto es llevando a cabo una reducción adicional a los programas no prioritarios, de alrededor de 220 mil millones de pesos, adicional al que anunció el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, la semana pasada.Al respecto, agregó:
Adicionalmente a esto, requerimos hacer un gran estudio y de gran alcance, de cuál es la reforma fiscal necesaria para la aplicación de los recursos, y para tener mayor eficiencia en el gasto público. Esto requerirá un estudio de 2 o 3 años que nos lleve a encontrar todos los programas que se duplican y que llevan costos administrativos en exceso, para hacer un gasto eficiente, además de adaptarlo a las verdaderas necesidades de México.
Por ello, llamó al Congreso de la Unión a que analice todas las posibilidades de reducir efectivamente el gasto público, a fin de que el país tenga la solvencia necesaria para pagar los intereses de la deuda pública.
El renglón que sigue incrementándose preocupantemente, como en años anteriores -dijo- es el de pensiones: 88 mil 600 millones de pesos. Señaló que se trata de un problema estructural que afectará a México en el mediano y en el largo plazo, por lo que se debe desactivar con previsión, en los próximos ejercicios fiscales.
Todo esto impide que la necesidad de financiamiento se reduzca significativamente, ya que el balance presupuestal se mantiene en niveles altos, más de 495 mil millones de pesos. A ello hay que añadir los requerimientos que se tendrán por IPAB, PIDIREGAS y otros conceptos, llegando a una suma total de 571 mil millones de pesos de necesidades de nuevos financiamientos. Esto implica que la deuda seguirá creciendo para cubrir el faltante, para poder pagar los intereses y los compromisos que ya tenemos: un 2.8% del PIB durante el 2017.