- COPARMEX propone Regulación Base Cero.
- Urge a eliminar trámites y requisitos innecesarios, evitar duplicidades y combatir la corrupción.
- La desregulación bajará costos de operación a las MIPYMES, para que enfrenten en mejores condiciones la turbulencia actual.
CIUDAD DE MÉXICO, 26 de agosto.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) presentó una iniciativa para realizar un ejercicio de Regulación Base Cero, con el objeto de que las autoridades de todos los órdenes de gobierno revisen la normativa en sus ámbitos de competencia y reduzcan al mínimo necesario los trámites y requisitos exigibles a los ciudadanos y las empresas. Además, demandó que los reguladores se coordinen, para que sea eliminada la duplicidad que prevalece actualmente.
En rueda de prensa, el presidente de la COPARMEX, Juan Pablo Castañón Castañón, presentó los resultados de un estudio realizado en todo el país a Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES), con el objetivo de identificar los trámites y requisitos con mayor impacto negativo en ese sector, que es el mayor generador de empleos en México.
Castañón dijo que la COPARMEX se comprometió con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una encuesta entre empresarios MIPYMES a escala nacional, para detectar cuáles son los trámites y requisitos que representan mayor dificultad para su operación, así como identificar medidas urgentes que ayuden a las empresas a operar con mayor libertad y eficiencia.
El presidente de la COPARMEX explicó que el estudio se realizó en MIPYMES, porque ante las circunstancias desfavorables que enfrenta la economía, se requiere que el gobierno y los representantes de los sectores productivos realicen mayores esfuerzos para fortalecer a dichas empresas y contribuir a reactivar la economía interna.
Explicó que un Proyecto de Regulación Base Cero con propuestas de desregulación, simplificación y mejora del marco jurídico aplicable a las actividades ciudadanas y productivas, es un herramienta muy útil que permitiría analizar donde es estrictamente necesaria la intervención gubernamental, liberando cargas de inspección y supervisión al Estado y disminuyendo los costos de los ciudadanos y empresarios cuando interactúan con las instituciones públicas.
El dirigente del sector patronal dio a conocer los principales hallazgos del estudio:
• La principal conclusión es que a mayor número, ineficiencia y discrecionalidad en los trámites y requisitos exigibles a las empresas, éstas se distraen de su actividad para dedicar mayor tiempo a su cumplimiento y se incrementa la posibilidad de que sean sujetas a requerirles “compensaciones” fuera de la ley.
• En las Pequeñas y Medianas Empresas son los dueños o directivos de alto rango quienes realizan la mayor parte de los trámites y atienden inspecciones, supevisiones y auditorias de las autoridades que pretenden verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles a la actividad económica.
Esto revela que los directivos invierten buena parte de su tiempo en la tramitología, lo que reduce la posibilidad de innovar, ampliar mercados, hacer lo que los empresarios saben hacer.
• Los empresarios manifestaron que se invierte demasiado tiempo productivo en dar cumplimiento a los distintos trámites y requisitos: casi 90 por ciento lo afirma. El 85% considera que son excesivos y discrecionales los trámites y requisitos relacionados con las empresas, aun cuando sus actividades no conlleven riesgos para la salud, el medio ambiente o la seguridad laboral.
• Los trámites y requisitos con la peor eficiencia y los mayores costos son, en su mayoría, los relacionados con el ámbito municipal. Esto es coincidente con otros estudios en la materia. En estos trámites y requisitos confluyen mayor ineficiencia, más tiempo invertido, mayor costo y más posibilidad de estar sujeto a chantajes o “mordidas”.
Entre más pequeña es la empresa, peor la calificación de los trámites, lo que significa que ésta es más vulnerable y resiente más la ineficiencia y discrecionalidad de las autoridades generada por los trámites, los requisitos y la regulación en general.
• Al evaluar la eficiencia de los trámites realizados, la mayor parte de ellos fue calificado como malo o regular. El promedio más alto lo obtuvieron el RFC y el pago de impuestos al SAT, con calificaciones de 3,6 y 3.5 respectivamente, en una escala en la que 3 es regular y 4 bueno.
Los que obtuvieron una menor calificación fueron: permiso o licencia de construcción, proceso de licitaciones, obtención de créditos o préstamos y el registro de la propiedad, todos calificados en un rango que va de regular a malo.
• En cuanto al número de horas destinadas en un trámite, en el lapso de un mes, aquellos en los que se invirtió más de 40 horas fueron: el cumplimiento de contratos entre clientes y proveedores –por parte de instancias de gobierno–, permiso o licencia de construcción, obtención de servicios públicos (agua, luz, y otros servicios), apertura de una empresa y procesos de licitaciones.
Dentro del cumplimiento de contratos entre clientes y proveedores han sido continuas las quejas sobre el atraso de los gobiernos locales en el pago a proveedores y el tiempo que deben dedicar para concretarlo.
• A la pregunta de qué otros trámites y requisitos tenían un impacto negativo en la operación de la empresa, el 36.67% de los encuestados identificó la obtención de permisos, registro de marcas y patentes, las inspecciones de las autoridades de todo tipo y orden de gobierno, pago de impuesto y contratación de servicios.
De los empresarios que respondieron de manera espontánea acerca de otros trámites que impactan negativamente a sus empresas, 10% señalaron “recibir inspecciones” de las distintas entidades públicas federales, estatales y municipales.
Este hallazgo tiene relevancia porque aunado a la realización de los trámites ante dichas entidades, éstas distraen o interfieren con la operación de la empresa, al realizarse de manera no coordinada, sin que medie en ocasiones orden por escrito de la autoridad competente, entre otras.
• Los empresarios fueron consultados por la frecuencia con que se les solicitan “mordidas” o son víctimas de chantajes para poder cumplir con las funciones propias de la empresa o dar término a algún trámite.
La mayor prevalencia de estas situaciones se detectó en los trámites del nivel municipal, como permisos o licencia de construcción (39.6%), autoridades de tránsito o protección civil, licencias de uso de suelo, obtención de servicios y licitaciones.
El Presidente de la COPARMEX dijo que los empresarios encuestados propusieron que mejore la coordinación entre los reguladores, para evitar duplicidades en la información que debe presentarse ante distintas instancias, mejorar la información al usuario y la comunicación entre los entes públicos, así como implementar sistemas de expedientes únicos y ventanillas únicas.
Los empresarios de las MIPYMES encuestadas pidieron que los reguladores utilicen más y mejor la tecnología y, naturalmente, eliminar las “mordidas” y la discrecionalidad.
El dirigente de la COPARMEX señaló que la semana pasada se propuso al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INE) que las leyes federal y locales en esa materia establecieran como una obligación que todas las autoridades tengan un sitio de internet con el directorio telefónico de los servidores públicos, y sus dependencias o entidades, que están autorizados a realizar actividades de auditoria, inspección, supervisión y vigilancia sobre los particulares. De esta manera, quienes sean objeto de tales actividades podrán corroborar tanto la identidad como la procedencia correspondiente.
Castañón demandó a las dependencias federales, estatales y municipales realizar una revisión a fondo de toda la regulación, para disminuirla al mínimo indispensable y consideró que este ejercicio contribuirá a disminuir las “mordidas”, evitar la extorsión y hacer que las empresas operen con mejores condiciones de transacción, para que tengan la posibilidad de sacar adelante la economía mexicana.
Finalmente, dijo que si el país contará con un Presupuesto Base Cero para hacer eficiente el gasto, urge también la Regulación Base Cero para apoyar y detonar un mayor crecimiento y desarrollo de México.