El Centro Pro de Derechos Humanos difundió una presunta orden dada al 102 Batallón de Infantería, de la 22 Zona Militar, de matar personas en Tlatlaya, Estado de México.
El documento presentado dice lo siguiente: “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Al dar a conocer el informe "Tlatlaya a un año: la orden fue abatir", el Centro Pro pide investigar la responsabilidad institucional del Ejército y del propio secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Mario Patrón, director del Centro Pro de Derechos Humanos, dijo que esta orden fue obtenida legalmente mediante un proceso jurisdiccional.
“Por ello el esclarecimiento del caso Tlatlaya demanda que por primera vez se investigue en México, con eficacia y debida diligencia, la cadena militar de mando hasta sus últimas consecuencias”, advirtió.
En la conferencia de prensa estuvo la señora Clara Gómez, testigo de los hechos, quien negó haber recibido una indemnización millonaria y se quejó del manejo irresponsable de la información del caso, hecha por diversas dependencias del gobierno federal.