Por: Redacción PL.
Foto: Archivo PL | CCE
Jueves 16 de junio d3e 2016.
CIUDAD DE MÉXICO.- La disposición de que las personas físicas y morales que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas deban presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, es excesiva e inadecuada para combatir la corrupción, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
A través de un comunicado de prensa, el organísmo cúpula del sector privado denunció que el Senado de la República incorporó, de última hora, esta obligación al Sistema Nacional Anticorrupción.
agregó que esta medida en particular, lejos de contribuir a la transparencia, generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción.
La redacción propuesta en el Senado sugiere además que la obligación de presentar 3de3 incluirá tanto a las personas físicas como morales que sean proveedores del Estado Mexicano, así como a sus empleados y cónyuges. Es decir, una gran parte de los mexicanos. Sólo en Compranet existen más de 100 mil empresas registradas.
La redacción propone que todos los empleados de cualquier nivel, de todas las empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas – que son cientos de miles- tendrían que presentar declaraciones: desde el gerente general hasta los empleados de mantenimiento o mensajería, e incluso podría interpretarse, todas las empresas que estén vinculadas comercialmente de alguna manera con los proveedores del estado. Estamos hablando de cientos de miles, o millones, de personas.
El CCE aclaró que por proveedores no se refiere únicamente a quienes tienen grandes contratos o licitaciones de obra pública, "sino mayormente a pequeñas y medianas empresas que prestan algún servicio o venden un bien, por menor que sea, a cualquier dependencia estatal".
Queda claro que sobre las modificaciones realizadas, no existe una utilidad clara para la propuesta de obligar a las personas físicas y morales a presentar sus 3de3. Esta cantidad de información es imposible de procesar, no es útil para los fines de la prevención de la corrupción, e invade innecesariamente los derechos de las personas. Además, las declaraciones de quienes realmente tienen injerencia sobre el uso de los recursos públicos, quedarían escondidas en montañas de papeleo innecesario.
Finalmente, el CCE refrendó su compromiso a favor del combate frontal a la corrupción y de un sistema nacional anticorrupción verdaderamente eficaz. "Llamamos a los actores políticos a actuar con responsabilidad y racionalidad para conseguir este objetivo", concluyó.Por: Redacción PL.
Foto: Archivo PL | CCE
Jueves 16 de junio d3e 2016.
Documento íntegro del CCE.
CIUDAD DE MÉXICO.- La disposición de que las personas físicas y morales que tengan contrataciones de cualquier tipo con las entidades públicas deban presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, es excesiva e inadecuada para combatir la corrupción, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
A través de un comunicado de prensa, el organísmo cúpula del sector privado denunció que el Senado de la República incorporó, de última hora, esta obligación al Sistema Nacional Anticorrupción.
Agregó que esta medida en particular, lejos de contribuir a la transparencia, generará opacidad y desviará la atención de los procesos realmente relevantes para detectar y sancionar la corrupción.
La redacción propuesta en el Senado sugiere además que la obligación de presentar 3de3 incluirá tanto a las personas físicas como morales que sean proveedores del Estado Mexicano, así como a sus empleados y cónyuges. Es decir, una gran parte de los mexicanos. Sólo en Compranet existen más de 100 mil empresas registradas.
La redacción propone que todos los empleados de cualquier nivel, de todas las empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas – que son cientos de miles- tendrían que presentar declaraciones: desde el gerente general hasta los empleados de mantenimiento o mensajería, e incluso podría interpretarse, todas las empresas que estén vinculadas comercialmente de alguna manera con los proveedores del estado. Estamos hablando de cientos de miles, o millones, de personas.
El CCE aclaró que por proveedores no se refiere únicamente a quienes tienen grandes contratos o licitaciones de obra pública, "sino mayormente a pequeñas y medianas empresas que prestan algún servicio o venden un bien, por menor que sea, a cualquier dependencia estatal".
Queda claro que sobre las modificaciones realizadas, no existe una utilidad clara para la propuesta de obligar a las personas físicas y morales a presentar sus 3de3. Esta cantidad de información es imposible de procesar, no es útil para los fines de la prevención de la corrupción, e invade innecesariamente los derechos de las personas. Además, las declaraciones de quienes realmente tienen injerencia sobre el uso de los recursos públicos, quedarían escondidas en montañas de papeleo innecesario.
Finalmente, el CCE refrendó su compromiso a favor del combate frontal a la corrupción y de un sistema nacional anticorrupción verdaderamente eficaz. "Llamamos a los actores políticos a actuar con responsabilidad y racionalidad para conseguir este objetivo", concluyó.