Por: Redacción PL.
Foto: Archivo PL | CCE.
Domingo 6 de noviembre de 2016.
CIUDAD DE MÉXICO.- El proyecto de Constitución Política para la Ciudad de México pone en riesgo la propiedad privada y la libertad económica porque promueve un modelo de gobierno que otorga primacía a objetivos sociales que podrían contraponerse o, incluso, quedar por encima de las libertades y derechos individuales, de los ciudadanos.
Así lo denunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, en su mensaje semanal.
"En el texto actual -afirmó- falta precisar el reconocimiento a la libre iniciativa de las personas y las empresas como motor fundamental del crecimiento económico que, a fin de cuentas, garantizará mejores condiciones de bienestar para los ciudadanos."
Agregó que es fundamental que se provean de manera explícita y suficiente condiciones propicias para promover el crecimiento y la competitividad.
Denunció, también, que varias de las disposiciones contenidas en la propuesta de Constitución para la Ciudad de México, pueden vulnerar los derechos humanos al libre desarrollo de la personalidad, la libre concurrencia, la libertad y la propiedad, si no son delimitadas con precisión y oportunidad.
"De particular preocupación resulta el que se entronice un interés social vago, sobre el interés público. Inquieta que pueda abrirse la puerta a cuestionamientos sobre la propiedad privada, base fundamental de nuestro Estado de Derecho."
Proyecto constitucional legalizaría el comercio ambulante
Castañón subrayó que resulta inaceptable que, mediante el reconocimiento y el otorgamiento de derechos y prerrogativas al comercio ambulante, se legitime una actividad que resulta ilegal, privatizando así constitucionalmente el espacio público.
"No podemos legalizar y dar carta de pleno derecho a lo que es irregular por naturaleza. Más aún, ante el desafío de que cerca de 75% de la incautación nacional de piratería se realiza en la Ciudad de México. Lo que necesitamos es generar un entorno económico propicio para que crezca de manera sostenible la economía formal, para que la gente no tenga que recurrir a opciones como el ambulantaje."
Libertad de expresión
El líder del CCE aclarí que en todas las manifestaciones de la libre expresión reconocidas por la legislación, es indispensable que se señale expresamente que el ejercicio de los derechos no debe afectar los derechos de terceros, ello otorga certeza jurídica y sana convivencia social.
"Existen diversas iniciativas relacionadas con consultas vinculantes en materia ciudadana, marchas y manifestaciones, plusvalías de inmuebles, y uso de suelo, entre otras, que pueden desincentivar de forma grave la inversión en la ciudad, la generación de empleo y la movilidad social."
Afirmó, por otra parte, que el proyecto constitucional invade atribuciones que competen al ámbito federal, estableciendo disposiciones en áreas como derechos laborales, comercialización de alimentos, y relaciones de consumo entre proveedores y consumidores, que ya son reguladas a nivel federal y, por tanto, no pueden ni deben ser abordadas en esta norma.
En síntesis, el sector empresarial llamó a una profunda y profesional revisión del texto propuesto, tomando como principio rector la teoría constitucional clásica, que marca a la Constitución como un acuerdo fundacional de cualquier sociedad y, como tal, limitado a los postulados indispensables que se requieren para la vida en común.
Hagamos que esta sea una Constitución ejemplar, en el texto, pero también en su capacidad real de garantizar los derechos ciudadanos fundamentales y realmente servir, en los hechos, al bien común, con certeza jurídica para todos, concluyó el presidente del CCE.