° El gobierno mexicano disfraza el servilismo por cooperación.
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de abril.- La iniciativa presentada por Peña Nieto por la que se reforma la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos tiene como fin oculto la legalización e incorporación de las disposiciones contenidas en la Iniciativa Mérida a nuestra legislación interna, derivado de la presión que ha impuesto Washington hacia nuestro servil gobierno, advirtió la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna.
La legisladora perredista recordó que el 21 de noviembre del año pasado, el diario The Wall Street Journal dio a conocer que alguaciles de Estados Unidos han participado en operativos militares contra el crimen organizado en México portando armas y uniformes de la Marina. Según dicha información, los operativos son aprobados por altos funcionarios del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, una agencia que depende del Departamento de Justicia, y por autoridades de la Secretaría de la Marina de México.
"Aunque la Embajada de México en Estados Unidos dijo entonces que los miembros de agencias de seguridad o fuerzas armadas extranjeras, incluidas las de Estados Unidos, no están autorizadas para portar armas en territorio mexicano y ninguna de ellas pueden participar en redadas o cualquier otra operación, el hecho es que se han dado casos donde agentes estadounidenses han operado en territorio nacional armados y han dirigido operaciones contra el crimen organizado, violentando flagrantemente nuestra legislación y nuestra soberanía", aseveró.
Padierna Luna refirió que en febrero de 2012, al cumplirse un año del asesinato del agente estadounidense Jaime Zapata en territorio mexicano, el Houston Chronicle informó de la existencia de un “acuerdo informal” entre los gobiernos de Estados Unidos y México para que algunos agentes estadounidenses portaran armas en territorio mexicano.
En este contexto, dijo la legisladora, The Washington Post informó que cuando fueron emboscados por Los Zetas, tanto Zapata como su compañero, un agente de apellido Ávila, iban armados. Y también señaló que el Congreso estadounidense presionaría al Departamento de Estado para obligar a la discusión con las contrapartes mexicanas. El diputado texano Henry Cuéllar dijo entonces: “Sabemos que tienen sus propias leyes pero por el lado práctico, los mexicanos deben entender que no podemos dejar que esto pase de nuevo, no podemos dejar a nuestros muchachos indefensos.”
"Casos como los anteriores aparecen día a día en la prensa nacional como internacional. Aunado a lo anterior, es claro que el Gobierno Federal es, y ha sido, incapaz de proveer la seguridad que las y los mexicanos requieren, así como las instituciones nacionales, por lo que ha optado por la sumisión y el entreguismo hacia las políticas dictadas por el gobierno estadounidense, donde se disfraza el servilismo por cooperación con todos los países con los que tenemos relaciones, y no sólo con Estados Unidos, aunque sabemos que dichas disposiciones van enfocadas a tener contentos a nuestros vecinos del norte", sentenció.
A consideración de la también integrante de la Comisión de Justicia aunado a la sesión de soberanía y al entreguismo que ha mostrado el Ejecutivo Federal, debemos recordar los casos en los cuales los agentes de seguridad de Estados Unidos, en este caso de migración, a los que se les pretende autorizar la portación de armas, han incurrido en graves incidentes de violación de derechos humanos y asesinatos de connacionales, por lo cual no puede pasarse por alto que estos casos podrías volver a darse derivado de la iniciativa que presenta Peña Nieto.
"Para ejemplo están los casos del joven José Antonio Rodríguez, de 16 años, quien fue asesinado el 10 de octubre de 2012 en territorio nacional (Nogales, Sonora) por un disparo proveniente desde el lado estadounidense de la frontera, por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza o el caso de Guillermo Arévalo Pedraza, quien fue asesinado el 3 de septiembre de 2012 por arma de fuego; todo indica que el presunto responsable es un agente de la Patrulla Fronteriza que accionó su arma desde el lado estadounidense de la frontera. Otro caso es el de Jesús Castro Romo, mexicano que recibió un disparo en la espalda el 16 de noviembre de 2010 por parte del agente federal Abel Canales, de la Patrulla Fronteriza en el desierto de Arizona o el joven Sergio Adrián Hernández, de 14 años, fue asesinado el 8 de junio de 2010 en las proximidades del Puente Internacional Paso del Norte, Ciudad Juárez, por agentes de la Patrulla Fronteriza", enlistó.
Padierna Luna recordó que en todos los casos anteriores, los agentes aludieron defensa personal en los asesinatos de nuestros connacionales, lo cual puede ocurrir en nuestro territorio al permitir que servidores públicos de cualquier país, principalmente de Estados Unidos, puedan portar armas en nuestro territorio.
Información y fotografía: Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República.