CIUDAD DE MÉXICO, 9 de febrero.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, exhortó hoy a los legisladores y a los partidos polítios a aprobar un sistema nacional, que sea integral, autónomo, bien artículado, con facultades y recursos suficientes, para que haya una prevención eficaz, una sanción efectiva y ejemplar, que termine con la impunidad, y que garantice el máximo resarcimiento de daños posible.
También se pronunció porque no se incorporen disposiciones, o que haya omisiones y lagunas que hagan nugatoria la reforma anticorrupción, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto.
Sería inaceptable, dijo, que en la legislación secundaria sobre transparencia se hagan modificaciones de última hora que resulten regresivas o amplíen la discrecionalidad, con la que algún funcionario puede negar el derecho a la información que todos tenemos.
"El cumplimiento y la rendición de cuentas tampoco deben ser discrecionales para los legisladores", agregó.
El presidente del CCE pidió que se termine con los "fueros anacrónicos que subsisten en el país, de los que se ha abusado recurrentemente, como privilegio de impunidad. La reforma de los fueros es indispensable; éstos sólo pueden justificarse en casos muy específicos. Un principio básico del derecho y de la democracia es la igualdad ante la ley."
En paralelo al sistema anticorrupción y a la legislación concerniente a la fiscalía ocupada del tema, que debe ser realmente autónoma, nos sumamos, declaró el dirigente empresarial, "al llamado para que se reforme la legislación en materia de conflicto de interés, la cual, se ha demostrado, es sumamente laxa y débil."
Remarcó que la obligación de presentar declaraciones de posibles conflictos de interés para servidores públicos, "debe extenderse también al Poder Judicial y a los legisladores, federales y locales. El ejemplo emblemático de por qué es tan importante que existan estos mecanismos de control en el Congreso y cámaras legislativas locales reside en los abusos que se dan recurrentemente en asignaciones presupuestales, las cuáles, en muchos casos, las hacen empresas cercanas a legisladores que promueven dichas partidas presupuestales."
Expuso que estas declaraciones de posibles conflictos de interés, "al igual que las patrimoniales y las fiscales, que también deberían incorporarse como obligación, tienen que estar sujetas a un control y monitoreo autónomo, con presencia de la sociedad civil."
"En este tema, nos sumamos a la iniciativa 3X3, para impulsar el que candidatos a puestos de elección popular y servidores públicos en funciones, en aras de contribuir a la confianza social y la transparencia, hagan públicas sus correspondientes declaraciones de patrimonio, impuestos y posibles conflictos de interés. Sin duda, será un ejercicio sano, en la medida que pueda hacerse siempre que no haya riesgos justificados a la seguridad e integridad de estas personas", expuso.
"Es hora del cambio, y para que este realmente suceda, necesitamos una nueva actitud y hacer las cosas de manera realmente diferente en México. Vamos adelante con la transformación a fondo del país, que no puede darse sin un compromiso firme con el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción", concluyó.
Foto: momento en que el presidente Peña Nieto nombra al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública y anuncia su iniciativa anticorrupción. (Tomada de la página del CCE)