Recientemente el Banco de México dio a conocer los resultados de la Encuesta de Expectativas de los Especialistas del Sector Privado correspondiente a mayo, en la que como ya se anticipaba, hubo una nueva corrección a la baja en el pronóstico de crecimiento del PIB, tanto para el presente como para el próximo año, respondiendo al débil comportamiento que ha mostrado la actividad productiva en los primeros meses del presente año. El pronóstico de los especialistas apunta a que durante el 2015 el PIB crecerá 2.66% y para el 2016 el avance será de 3.32%.
El deterioro de las expectativas macroeconómicas refleja en buena medida el hecho de que el impulso del exterior también ha sido moderado y el mercado interno aún sufre los efectos de la débil confianza empresarial y de los consumidores, además de que los efectos de las reformas estructurales no se han dado con la fuerza que se anticipaba.
Sin embargo, hay otros aspectos que siguen fortaleciéndose como factores que pueden limitar el avance de la economía, y que incluso han superado la relevancia de factores económicos como la política fiscal, el debilitamiento del mercado interno o la inestabilidad financiera internacional.
Temas como corrupción, impunidad e inseguridad pública, en los que nuestro país tiene calificaciones considerablemente bajas en el entorno mundial, se han robustecido de tal manera que ahora son considerados dentro de los principales factores que pueden inhibir el crecimiento económico. Evidentemente esto refleja la debilidad del Estado de Derecho; la fragilidad de las instituciones que generan y de las que hacen cumplir las leyes.
El esfuerzo hecho por las secretarías que han buscado mejorar las reglas del juego y eliminar obstáculos a la inversión a través de las reformas estructurales, se encuentra en entredicho. El éxito de las reformas depende del estado de derecho, de la certeza jurídica y de un poder judicial honesto, eficaz y eficiente.
Desgraciadamente los eventos recientes, como la suspensión de la evaluación determinada por el gobierno, viola el mandato constitucional.
La falta de gobierno al tolerar el pillaje y el desorden tampoco da la seguridad que requiere la inversión y la estabilidad económica. En el caso del poder judicial, desgraciadamente el último reporte internacional señala un empeoramiento en la justicia en México.
La semana pasada, el Proyecto Mundial de Justicia (WPJ por sus siglas en inglés), dio a conocer los resultados de su Índice de Estado de Derecho, en el cual como en la mayoría de indicadores sobre temas similares, México registró una baja calificación que lo hizo ubicarse en el lugar 79 de un universo de 102 países considerados. Un aspecto que pareciera positivo, es que mantuvo la misma posición que en 2014, aunque al interior de los ocho rubros que lo integran se aprecia un importante deterioro en algunos de ellos, reflejando claramente la coyuntura de corrupción, impunidad, inseguridad y abuso de poder que prevalece en México.
Dentro de los indicadores que muestran un mayor deterioro está el relacionado con las Restricciones en Poderes de Gobierno, que mide la eficacia de los controles institucionales sobre el poder del gobierno, es decir, si los funcionarios gubernamentales son responsables de mala conducta oficial. En este caso, nuestro país ocupó el lugar 61, lo que significó la pérdida de trece lugares respecto al año pasado.
Otro factor con un importante deterioro fue el que mide la Ausencia de Corrupción en el gobierno, concentrándose en tres formas de corrupción, como el soborno, la influencia indebida por parte de intereses públicos y privados y la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos. Evidentemente la coyuntura en este tema fue suficiente para ubicar a México en el lugar 88, después de perder 10 lugares respecto al año pasado.
En materia de Apertura de Gobierno, en donde se evalúa la calidad de la información publicada por las autoridades, así como también si las solicitudes de información oficial se otorga correctamente, si bien es el factor en el que México tiene mejor posición, ya que en 2015 se colocó en el lugar 42, su deterioro ha sido también considerable, toda vez que en el 2014 se había ubicado en la posición 32. Otra pérdida de 10 lugares.
Un aspecto que llama la atención es que el factor que mide si los sistemas de Justicia Civil son accesibles sin sufrir discriminación, corrupción o la influencia indebida de parte de funcionarios públicos, recuperó dos posiciones, aunque solo para ubicarse en el lugar 88.
Algo similar ocurrió con el factor que mide si la investigación penal y los sistemas penitenciarios son eficaces, así como también si el sistema de justicia penal es imparcial, libre de corrupción y de influencias indebidas, donde México recuperó cuatro lugares. Sin embargo, en términos prácticos esto no significa un avance importante si se considera que se ubicó en el lugar 93, prácticamente al final de la tabla.
Sin embargo, lo más preocupante es la situación en orden y seguridad, en donde el indicador mide diferentes amenazas al orden y seguridad, incluyendo la delincuencia convencional, la violencia política y la violencia como medio para reparar las infracciones personales. En este tema México se ubicó en el lugar 99 del universo de 102 países.
Con estos resultados no cabe duda de los pocos avances que se han tenido para fortalecer el estado de derecho en nuestro país. La fuerza que ha ganado la corrupción, la impunidad y la inseguridad es tal, que ahora las autoridades se han visto obligadas a ceder a chantajes políticos que simplemente inhiben la posibilidad de que se cumplan cabalmente las leyes en nuestro país. No por nada diversas evaluaciones internacionales colocan a México en lugares considerablemente bajos en temas como el despilfarro de recursos, la confianza en los políticos, crimen organizado, confianza en la policía y la calidad de la educación, entre otros.
De acuerdo con el WJP, un efectivo estado de derecho reduce la corrupción, combate la pobreza, la enfermedad y protege a las personas de las injusticias. Es la base para un ambiente de paz, de oportunidades y equidad, que sustenta el desarrollo, un gobierno responsable y el respeto de los derechos fundamentales.
No hay que olvidar que cuando existen elementos que inciden negativamente en la confianza, la población se vuelve más cautelosa a la hora de consumir, situación que se refleja en una debilidad del mercado interno. Asimismo, cuando se deteriora la confianza de los inversionistas puede redundar en un menor flujo de recursos para invertir, afectando el principal motor del crecimiento.
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