En el Caso Tlatlaya hubo un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza, por parte de algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) involucrados, que tuvo por consecuencia que, cuando menos, 12 personas fueran privadas de la vida, en un contexto de ejecuciones extrajudiciales, concluyó el Grupo de Trabajo Plural de la Cámara de Diputados.
Señaló que es necesario que todas las autoridades desechen las versiones iniciales de que los 22 integrantes del crimen organizado murieron en un enfrentamiento; asimismo, estimó necesario que el Estado en su conjunto profundice en la investigación de los antecedentes de los acontecimientos del 30 de junio de 2014, a fin de conocer las circunstancias en las que se involucraron los hoy occisos y los tres sobrevivientes, a fin de que se respeten los derechos a la integridad personal y a la honra y buena reputación de víctimas directas e indirectos.
Consideró urgente que el Congreso de la Unión discuta y apruebe a la brevedad la expedición de una legislación sobre el uso legítimo de la fuerza común para todas las autoridades: reformas en materia de tortura y de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, con los elementos máximos de la perspectiva de derechos humanos.
Expresó su convicción de que, en el marco de la reforma sobre seguridad y justicia, sería conveniente convocar a un diálogo del más alto nivel entre los tres Poderes del Estado mexicano, así como los órganos autónomos respectivos, que devenga en un acuerdo amplio en que se planteen medidas legislativas, reglamentarias y administrativas para el retiro racional, paulatino y ordenado de las Fuerzas Armadas, de las tareas de seguridad pública, para ser sustituidas por distintos cuerpos civiles, de acuerdo a metas y objetivos claramente definidos, y a la definición de una política integral de seguridad, acorde con un marco democrático y con la perspectiva de derechos humanos.
Estableció que, con la aceptación de la Recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la SEDENA reconoció que, en el Caso Tlatlaya, se violaron los siguientes derechos: a la vida, en agravio de 15 personas; a la verdad y a la debida procuración de justicia, en agravio de 25 personas y del número de personas que señala el informe, y a la integridad, en agravio de tres personas.
El Grupo Plural del Caso Tlatlaya subrayó que en un Estado democrático y de Derecho, el mantenimiento de la honorabilidad de las Fuerzas Armadas tiene como regla fundamental la subordinación a las instituciones civiles, además de la transparencia y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía y hacia otros Poderes y órganos del Estado, en los términos que marcan las leyes.
En su informe final, divulgado este jueves, consideró que la secuencia de casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales en México, incluyendo el paradigmático de Tlatlaya, son recurrentes y presentan patrones comunes, por lo cual ameritan una acción decidida por parte del Estado en su conjunto, con apego a los establecido en los tratados internacionales de los que México es parte.
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Mapa: Wikipedia.