En esta tercera y última parte de la entrevista al abogado e historiador mexicano, Adolfo Arrioja Vizcaíno, exhibe la continuidad entre los Tratados de Bucareli, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Reforma Energética, cuyo comun denominador es propiciar la dependencia de México hacia los Estados Unidos.
Por: Jorge Santa Cruz.
Fotos: Wikipedia.
Viernes 10 de junio de 2016.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Reforma Energética son la continuación de los Tratados de Bucareli, que firmó el presidente Álvaro Obregón en 1923, para obtener el reconocimiento diplomático de Estados Unidos, a cambio de entregar el petróleo de México y frenar la industrialización de nuestro país.
Así lo expone en Periodismo Libre, el abogado e historiador mexicano, Adolfo Arrioja Vizcaníno.
Transcripción de la entrevista.
Tomando ahora el asunto del petróleo y los Tratados de Bucareli: entendemos que Álvaro Obregón (foto superior), en realidad, vuelve a depositar de manera impune la explotación del petróleo mexicano por parte de los Estados Unidos, contraviniendo lo que se había dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de 1917…
Sí. Es totalmente correcto. Inclusive en las minutas de los Tratados de Bucareli, de las conferencias de Bucareli, aparece transcrita una carta que le entregaron los comisionados mexicanos a los comisionados estadounidenses, firmada por el presidente Obregón, con el sello del escudo nacional, en fin, cordones, sellos y todo lo que requiere un documento oficial de esas características, en donde bajo la firma del presidente Obregón –es una carta dirigida al entonces presidente de los Estados Unidos, Warren Harding- (foto de la izquierda) en donde le dice al presidente Harding que él se compromete como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a no aplicar retroactivamente el artículo 27 de la Constitución en perjuicio de las compañías estadounidenses.
Es decir, en las minutas de las conferencias de Bucareli consta expresamente el compromiso personal, y como Presidente de la República, de Álvaro Obregón, de no afectar intereses petroleros de los Estados Unidos, a pesar de lo que diga el artículo 27 de la Constitución.
Como un agregado a esta pregunta: ¿podría entenderse que la actual reforma petrolera, la actual reforma energética, da a los estadounidenses y a los extranjeros tantas ventajas como Obregón, entonces?
Sí. Prácticamente yo diría que la reforma energética actual, pues es heredera directa de lo que se pactó en los Tratados de Bucareli.
Quizá la única diferencia que hay es que las concesiones que se obligó a respetar Álvaro Obregón habían sido otorgadas a perpetuidad. Ahora, en la reforma energética le cambiaron el tema, o el nombre, de “concesión” por el de “asignación”, pero es exactamente lo mismo. Y se establecen por períodos de 10 años, renovables. De modo que, salvo esa sutileza, de que “ahora no te las doy a perpetuidad sino a 10 años renovables”, pues prácticamente no hay ninguna diferencia entre el tipo de concesiones petroleras y de gas natural que se obligó a respetar Álvaro Obregón con las llamadas “asignaciones” en materia de petróleo y gas natural, que se contemplan en la reforma energética que entró en vigor en 2014.
¿O sea que es una continuación de los Tratados de Bucareli?
De alguna forma, si se le quieren buscar raíces históricas a esta reforma energética, esas raíces históricas están en los Tratados de Bucareli.
También nos enteramos, merced a su libro, de que Obregón se comprometió a frenar el desarrollo industrial de México durante 25 años, es decir, desde 1923 hasta –más o menos- 1948. ¿Esto fue así? ¿Usted tiene algún documento que lo pueda probar, licenciado Vizcaíno?
Sí, bueno, está previsto en el llamado Protocolo Secreto, que es una serie de cláusulas especiales en donde, efectivamente, eso se dice, es decir, Se dice que … No se dice exactamente que … No se le da fecha, pero sí se establece un período mínimo de 25 años durante el cual México se compromete a no propiciar ni fomentar el desarrollo de actividades industriales que puedan ser competitivas con actividades industriales básicas que se desarrollan en los Estados Unidos y que se desarrollan por subsidiarias de Estados Unidos en México.
Ya había un antecedente: en 1916, cuando se celebraron en Atlantic City, en New Jersey, unas conferencias para lograr la salida de la expedición punitiva de Pershing del territorio mexicano, después de que se pasó un año buscando inútilmente a Pancho Villa, para castigarlo precisamente por la invasión a Columbus, ya se había planteado esa posibilidad, es decir, que México se comprometiera a no establecer industrias durante un largo período, que pudieran competir con las estadounidenses y a otorgarles facilidades a las empresas estadounidenses para operar en México sin competencia de empresas nacionales.
Y los hechos lo confirman, porque mire: la primera ley que se expide en México de industrias nuevas y necesarias, es decir, el primer intento de crear un organismo que fomentara la industrialización del país se da en el año de 1952, bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines.
Es claro que si los tratados de Bucareli se firmaron en 1923 y la primera ley que busca el fomento y la industrialización del país se da hasta 1952, pues es claro que esta ley se da después de este período de veda industrial de 25 años que aparece consignado en uno de los documentos anexos de las conferencias de Bucareli.
Sí. Y entonces eso nos hace sospechar porque también hubo gran interés de los Estados Unidos porque México no sólo no desarrollara su industria sino su campo, mediante la reforma agraria que, pues, privilegiaría a unos cuantos ejidos y a los demás, los dejaría en la mayor de las pobrezas y así -de pronto- irrumpimos en la década de los 90, con una industria mexicana que empieza a decaer a partir de 1970 y un campo mexicano que empieza a decaer -también- desde el populismo de los años 70-80, y hace que Estados Unidos llegue en condiciones muy ventajosas al Tratado de Libre Comercio de 1994.
Sí. También obviamente el Tratado de Libre Comercio, pues también es también la coordinación del proceso que se inicia con las conferencias de Bucareli, de crear una economía mexicana que sea dependiente en grado muy elevado de los Estados Unidos.
Licenciado Adolfo Vizcaíno: usted es especialista en derecho fiscal. Un servidor simplemente es periodista, pero tiene la impresión de que el sistema fiscal en México está diseñado para impedir una evolución de la micro, pequeña y mediana empresa y favorecer, en cambio, a los grandes corporativos. ¿Estoy en lo correcto?
No necesariamente. Lo que pasa es que el sistema tributario en México siempre ha sido muy complicado. Siempre se ha aplicado con políticas de corto plazo en donde lo que interesa no es fomentar principios de política fiscal y principios de desarrollo económico sostenido, sino la recaudación a corto plazo.
El ejemplo más cercano de una política que data desde los años 70 del siglo pasado, lo tenemos en la reforma fiscal de 2014; pero la reforma fiscal de 2014 le pegó a todo mundo por igual: a grandes, pequeñas y medianas empresas.
Fue una reforma de tintes claramente recaudatorios destinada a retirar, vía impuestos y reducción de deducciones gastos legítimos, dinero de las empresas de cualquier tamaño, de las familias y de las personas, para transferirlo al gobierno con fines que todavía no han quedado muy claros.
Entonces, lo que tenemos es una política fiscal, en donde la tendencia parece ser anteponer la recaudación, la voracidad recaudatoria del gobierno para incrementar el gasto público a costa de castigar fiscalmente todo tipo de actividades productivas y la generación de empleos.
Pero, por ejemplo, las grandes empresas que lleguen al petróleo o que ya están aquí, en la minería, ¿también tienen una fuerte carga como los chiquitos y medianos?
Sí. En principio, la carga inclusive pudiera ser considerada más elevada; lo que pasa es que las grandes empresas tienen a su alcance mecanismos de planeación fiscal que no tienen las pequeñas y medianas empresas.
Entonces, la realidad es que las altas tasas impositivas a quien más afectan son a las pequeñas y medianas empresas y a los asalariados. Y las grandes empresas, aunque en teoría tendrían que sujetarse a tasas más altas, lo que pasa es que como tienen una serie de mecanismos de planeación y estrategia fiscal, que les permiten canalizar sus utilidades hacia otras regiones con regímenes fiscales más benignos, a fin de cuentas acaban pagando menos.