¿Cambios? No. Simples movimientos preelectorales
Los relevos en Pemex, el IMSS y la Secretaría de Salud distan mucho de responder a las necesidades estructurales derivadas de las crisis económica, financiera y energética.
¿Qué pasó? Que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, cuya ambición máxima consiste en ser el próximo presidente de México, se deshizo de Emilio Lozoya Austin y puso en Pemex al hoy exdirector general del IMSS, José Antonio González Anaya, figura -por cierto- muy ligada al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Al respecto, nada más hay qué decir.
La semana pasada, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), dirigido por el economista José Luis de la Cruz, advirtio que el aparato productivo nacional requiere evitar que la desaceleración económica y la incertidumbre del contexto internacional mermen la generación de sus capacidades potenciales.
Por ello, concluyó, "debe buscarse la elaboración de un programa económico contingente, fortalecimiento de la producción interna como base del fortalecimiento del mercado interno. Es una forma de generar confianza empresarial y mayor inversión las cuales, a través del empleo, fortalezcan la confianza del consumidor."
Lo anunciado este lunes 8 de febrero por el secretario Videgaray de ninguna manera apunta en ese sentido. Se limitó a repetir la receta que ya nos conocemos: justificar recortes que, además, mucho nos tememos no sean en el gasto corriente, sino en el gasto productivo.
Los recortes al presupuesto no equivalen a un programa económico contingente. Y lo vamos a probar.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Juan Pablo Castañón, advirtió el mismo día en que Videgeray anunció los recortes al presupuesto, que el déficit primario de las finanzas públicas es ya de 3.5 por ciento del Prdroducto Interno Bruto.
El dirigente del CCE fue muy preciso en ese sentido:
Recordemos entonces que la solidez en esta variable clave se cayó en 2008, tras cerca de 20 años de un sano superávit. Esto significa que tenemos que recurrir a deuda para pagar los intereses de la deuda que ya tenemos previamente contratada.En estas condiciones, la deuda del sector público ya pasa de 45% del PIB. Nuevamente, muy lejos de los niveles que enfrentan muchos países con problemas graves en esta materia, pero asimismo, es la tasa de endeudamiento más alta desde los años 80.
Castañón puso sobre el tapete de las discusiones otros temas financieros sensibles:
a) La deuda de los estados: "Tampoco se enfrenta un peligro sistémico, pero en total, ya supera los 515 mil millones de pesos y en algunas entidades es ya un problema que puede agravarse y coartar su solvencia y capacidad de crecimiento."
b) Los retrasos en los pagos de los estados a los proveedores que ascienden, más o menos, a 120 mil millones de pesos.
Nada hace Videgaray -por lo menos en apariencia- para revertir situaciones concretas como las anteriores.
Por eso, hacemos eco de la advertencia hecha por el IDIC:
Los resultados de inversión y de los indicadores de confianza son elementos que señalan debilidad en el desempeño económico actual y futuro del país. Su menor dinamismo merma las expectativas empresariales y de consumo.El debilitamiento de la confianza empresarial y de la confianza futura del consumidor tendrá un impacto en las decisiones de producción futuras. Si bien el entorno externo es desafiante, los resultados presentados indican un escenario que también se debilita por un contexto interno con una perspectiva de crecimiento menor.
Dicho de otra manera: se requiere que la inversión pública sea de por lo menos un 5 por ciento del PIB. En la actualidad es apenas del 3.5 por ciento, según el CCE. Mucho nos tememos que esa cifra disminuya so pretexto de los recortes anunciados por la Secretaría de Hacienda, mismos que en lugar de reducir el gasto corriente duplicado e innecesario, castiguen los proyectos que generan producción y riqueza. ¿Por qué? Porque hay que ir formando los "cuadros" con miras al destape del precandidato presidencial del PRI, el año próximo.
Por eso, concluimos que los cambios en el gabinete legal y ampliado no atienden problemas estructurales, sino que son simples movimientos de estrategia preelectoral.