Ejército y derechos humanos
10.10.2016 15:04
“Ataque alevoso, cobarde, propio de enfermos, insanos, bestias criminales”. Con estas palabras calificó el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, la emboscada de la cual fueron víctimas soldados del Ejército mexicano el 30 de septiembre pasado, “por un grupo de 40 sicarios armados con explosivos en 15 camionetas blindadas” (según la versión oficial), para rescatar al presunto delincuente herido Julio Óscar Ortiz Vega, quien era trasladado en ambulancia, en una carretera de Culiacán, Sinaloa.
El saldo fue de cinco soldados muertos, ocho heridos y un socorrista de la Cruz Roja lesionado de bala. “Los militares traían un herido que había participado en un enfrentamiento con el Ejército, y (los delincuentes) lo rescataron; se lo llevaron con todo y ambulancia”, informó Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno del estado.
Los adjetivos expresados por el general Cienfuegos sobre el atentado mostraron su ira por lo ocurrido, y anunciaría también que irán, “con el respaldo de la ley, por los autores de tan deleznable acto”.
Un antecedente que también sacó ámpulas en las Fuerzas Armadas fue el ataque y derribo en Jalisco de un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana el 1º de mayo de 2015 como consecuencia del impacto de un proyectil lanzado por integrantes del grupo delictivo Nueva Generación.
Sobre la emboscada en Sinaloa, en un principio el general Alfonso Duarte, comandante de la región, declaró que sin tener la certeza, se presumía que los sicarios pertenecían al grupo de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. No obstante, al día siguiente, el abogado de la familia Guzmán dio a conocer que Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán se deslindaban del percance, que respetaban a las autoridades y que lamentaban la muerte de los militares.
Más allá de lo poco creíble que resulta esa declaración por parte de estos individuos que se dedican a lo mismo que su padre narcotraficante, lo cierto es que a diez días del hecho no hay detenidos y el hecho debe ser investigado por las autoridades de manera objetiva.
Hay que recordar que desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón, cuando se inició la confrontación abierta al narcotráfico, mucho se cuestionó la entrada del Ejército mexicano en esta lucha, ya que no está facultado constitucionalmente para realizar acciones de policía, ni a combatir la delincuencia. Y lo que más preocupa a las Fuerzas Armadas es que tampoco existe un marco regulatorio que delimite su participación. De ahí, que hayan sido presentadas ante la Procuraduría General de la República varias acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Para el abogado Juan Velásquez, especialista en temas relacionados con el Ejército, “el mayor enemigo de las Fuerzas Armadas y beneficiario de la delincuencia se llama Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, la cual ha hecho oídos sordos ante la realidad que viven día a día los militares. Según el penalista, para la Comisión los militares no tienen derechos humanos, “porque políticamente no es rentable. Ahora otro gran negocio millonario es el de las víctimas. Basta con que cualquier persona se diga víctima para que inmediatamente la asesore una ONG para que obtenga una indemnización y se la repartan”.
Ante acontecimientos como el del pasado 30 de septiembre en Sinaloa, considera que los militares necesitan un marco legal que les permita actuar para que no se encuentren supeditados a vaivenes políticos.
En opinión del abogado Velásquez, a un militar no se le enseña a investigar, descubrir, detener; a un militar se le enseña a enfrentar y abatir al enemigo. Señala que constitucionalmente el Gobierno Federal está obligado a velar por la seguridad interior del país, la estabilidad de las instituciones, y para ello se encuentra facultado a hacer uso de las Fuerzas Armadas.
A pesar de los abusos que han cometido algunos elementos del Ejército y Fuerzas Armadas del país, son de las pocas instituciones que todavía cuentan con el respaldo ciudadano, por lo que debemos reconocer sus méritos y sí, también, exigirles un comportamiento respetuoso de los derechos humanos en toda circunstancia.