Es el Estado de Derecho y la Justicia

Mensaje número 24 (de 2016)

 

 

 

 

 

Los hallazgos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental difundidos la semana pasada por el INEGI, confirman que los mexicanos tienen una visión mayoritaria, precisa y certera de los dos más grandes problemas del país: la inseguridad y la corrupción, por encima incluso de los desafíos económicos. 

 

Ahí es donde hay que buscar las causas del malestar que prevalece en amplios sectores, que opacan, recurrente y justificadamente, todo tipo de avances en otras áreas. A los ojos de los ciudadanos, la delincuencia, la corrupción y la impunidad, son los mayores obstáculos que enfrenta el desarrollo del país. El 90% ve como frecuente a la corrupción y el 85% percibe que su ciudad es insegura. 

 

Este juicio es equivalente al prevalente entre agentes económicos y el sector empresarial, nacional e internacional. En los índices y rankings internacionales, los factores más problemáticos para hacer negocios son, consistentemente, corrupción, ineficiencia burocrática y crimen. La vulnerabilidad de la competitividad reside en las instituciones del Estado de derecho: estamos entre los países con peor evaluación en el mundo en desviación de fondos públicos o fiabilidad de las policías.

 

Los “datos duros” son consistentes. Costo de la corrupción: de 2 a 10 por ciento del PIB de acuerdo a distintas estimaciones, y el 5% de las ventas anuales de las empresas. 

 

Gobierno, partidos políticos, sociedad e iniciativa privada, todos, debemos coincidir en la necesidad y la urgencia de consolidar el Estado de derecho y la justicia en México, la gran deuda de la transición democrática.

 

Llegó el momento de demostrar la determinación de transformar a México, en el rumbo del Estado de derecho, la justicia y el compromiso con los derechos humanos, más allá de la retórica.

 

Esta misma semana, en comisiones del Senado, construirán los dictámenes sobre la reforma anticorrupción, que deberán ser votados en el Periodo Extraordinario de Sesiones previsto del 13 al 18 de junio. Es oportunidad irrepetible para marcar un punto de inflexión.

 

Es urgente acordar y aprobar las siete leyes que son los ejes de la reforma. Vemos expectativas positivas, que esperamos se confirmen esta semana. 

No deben obviarse y matizarse aspectos fundamentales, debemos encontrar caminos para tener una auditoria superior de la federación, con atribuciones que le permitan intervenir en cualquier investigación en tiempo real; debemos reforzar la figura de la Secretaría de la Función Pública, los tribunales especializados y la fiscalía especializada, realmente independiente y competente, que puedan investigar, llevar a juicio y lograr la sanción a los corruptos, sin los problemas de ser juez y parte. Los éxitos en cruzadas contra la corrupción que han tenido lugar en el mundo han dependido en gran medida de esta variable.

 

No debe olvidarse, también, la ley de responsabilidades administrativas que nos permite a través de lo que hemos llamado 3 de 3, observar el desempeño honesto de los funcionarios públicos.

 

Por último, es importantísimo conservar el espíritu de un consejo ciudadano que le dé seguimiento al sistema y que pueda determinar hacer los ajustes que sean necesarios, para rendir frutos, para obtener los resultados, para alcanzar los indicadores de disminución de la corrupción que tanto afecta a los mexicanos.

 

En esto, un México más justo, debe contemplar necesariamente un nuevo pacto social de respeto a la legalidad y un alto a la impunidad y la corrupción, con el compromiso indeclinable de todas las instituciones del Estado, de los partidos políticos, los ciudadanos y también los empresarios, asumiendo cada quien el rol y la responsabilidad que nos corresponde.

 

Por ello, desde el sector empresarial intensificaremos nuestros trabajos en cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Haremos un renovado esfuerzo por implementar el Código de Integridad y Ética Empresarial en cada una de nuestras más de 2 millones de empresas socias. 

A la vez, hemos establecido cuatro Mesas de trabajo conjuntas con la Secretaria de la Función Pública para atender propuestas concretas que permiten combatir la corrupción.

 

1) Agilizar y transparentar los procesos de licitación y contratación pública.

2) Coordinar y promover conjuntamente códigos de ética, de conducta y de contacto para el reconocimiento de las mejores prácticas en el trabajo entre empresas y dependencias públicas y sus funcionarios.

3) Acelerar acciones de simplificación, desregulación, digitalización de los procesos desde los municipios en donde existe mayor probabilidad de corrupción.

4) Denuncia ciudadana y seguimiento de quejas.

 

El día de hoy, anunciamos conjuntamente con los organismos que conforman el CCE, el lanzamiento de cuatro medidas adicionales que implementaremos para aportar en la lucha contra la corrupción: 

 

1) Cátedra anticorrupción en conjunto con Universidades, que aborde temas de ética empresarial, conflicto de interés, transparencia y rendición de cuentas para futuros funcionarios públicos, empresarios y colaboradores en empresas.

 

2) Talleres de sensibilización y capacitación en temas de transparencia para empresarios y funcionarios, del que se desprendan propuestas de mejora regulatoria y política pública.

 

3) Plataforma digital que complemente estos programas con capacitación y certificación de Cumplimiento empresarial y mejores prácticas contra la corrupción, cohecho y extorsión.

 

4) Programas de acompañamiento y certificación en mejores prácticas para las cadenas de valor y proveeduría de nuestras empresas socias.

En estos talleres y plataformas de capacitación, mediante un programa que firmaremos en el Consejo Coordinador Empresarial con la International Chamber of Commerce, generaremos certificaciones internacionales para los funcionarios públicos y empresas que certifiquen el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales en materia de anticorrupción y en materia de transparencia.

 

Los mexicanos necesitamos señales contundentes de que, como nación, realmente queremos cambiar y estamos decididos a hacer lo necesario. En el sector empresarial estamos convencidos y comprometidos a cumplir con nuestras responsabilidades al respecto.