Pronto estaremos peor que en Venezuela
16.06.2016 13:49
La denuncia que hace el Consejo Coordinador Empresarial es gravísima. Según el CCE, el Senado de la República aprobó de última hora que todos los proveedores del Estado mexicano presenten su #Declaración3de3, a fin de prevenir hechos ilícitos.
Citamos parte de los argumentos del organismo cúpula del sector privado mexicano:
La redacción propuesta en el Senado sugiere además que la obligación de presentar 3de3 incluirá tanto a las personas físicas como morales que sean proveedores del Estado Mexicano, así como a sus empleados y cónyuges. Es decir, una gran parte de los mexicanos. Sólo en Compranet existen más de 100 mil empresas registradas.
La redacción propone que todos los empleados de cualquier nivel, de todas las empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas – que son cientos de miles- tendrían que presentar declaraciones: desde el gerente general hasta los empleados de mantenimiento o mensajería, e incluso podría interpretarse, todas las empresas que estén vinculadas comercialmente de alguna manera con los proveedores del estado. Estamos hablando de cientos de miles, o millones, de personas.
La redacción propuesta en el Senado sugiere además que la obligación de presentar 3de3 incluirá tanto a las personas físicas como morales que sean proveedores del Estado Mexicano, así como a sus empleados y cónyuges. Es decir, una gran parte de los mexicanos. Sólo en Compranet existen más de 100 mil empresas registradas.
La redacción propone que todos los empleados de cualquier nivel, de todas las empresas proveedoras de servicios a las entidades públicas – que son cientos de miles- tendrían que presentar declaraciones: desde el gerente general hasta los empleados de mantenimiento o mensajería, e incluso podría interpretarse, todas las empresas que estén vinculadas comercialmente de alguna manera con los proveedores del estado. Estamos hablando de cientos de miles, o millones, de personas.
En cambio, la Cámara Alta abrió la posibilidad de que los funcionarios gubernamentales no hagan pública su declaración patrimonial, a fin de no comprometer su seguridad personal y la de sus familias.
Los senadores también dejaron en el actual secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, la responsabilidad de coordinar a las distintas dependencias anticorrupción. ¡Es el mismo funcionario que dejó impune el asunto de la Casa Blanca! ¿Se acuerda?
¿A dónde nos llevan? A una dictadura económica y policíaca peor que la de Venezuela, donde los políticos seguirán dándose la gran vida, a cambio de espiar y aterrorizar a empresarios, directivos, empleados y trabajadores.
Lo peor de todo es que el cerco represivo continuará cerrándose con las leyes secundarias.
Quisiera estar equivocado, pero el tiempo dirá.