Salario mínimo y desigualdad

Manuel Araujo Martínez

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Pospuesto en mayo pasado por cuestiones electorales –para no meter ruido en los comicios del 5 de junio–, se prevé para este próximo mes de octubre un incremento al minisalario, que como sabemos actualmente apenas rebasa los 73 pesos diarios, establecido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a partir del 1 de enero de este año.

 

Recordemos que la fracción VI del artículo 123 de nuestra Constitución General de la República establece que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes  para satisfacer  las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”. A todas luces, los mencionados 73 pesos diarios son insuficientes para cumplir con el mandato constitucional, ya que no alcanzan ni para la canasta básica de una familia de cuatro personas.

 

De ahí que haya posturas que impulsan un incremento sustancial que permita al obrero y trabajador con este nivel de ingreso recuperar en algo su capacidad de gasto, aunque también hay quienes se muestran reacios a un alza por decreto que, argumentan, generaría un aumento en la inflación.

 

Según cifras a 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, poco más de 6 millones de personas en el país perciben como ingreso un salario mínimo (13 por ciento de la población económicamente activa), mientras que otros 12 millones más ganan hasta dos minisalarios, lo que nos lleva a señalar que 19 millones de trabajadores sobreviven, ellos y sus familias con menos de cuatro mil 200 pesos al mes.

 

Aunque, efectivamente, en los últimos tres años se han generado más de un millón de empleos, éstos se han dado en un marco de bajos salarios y casi siempre sin prestaciones sociales,  lo que explica, según analistas, el incremento de la pobreza por ingreso observado durante los últimos 10 años. A lo anterior habría que agregar el dato del Inegi que advierte que existen 16 millones de trabajadores que laboran sin contar con un contrato formal por escrito, esto es, sin ningún vínculo legal con sus patrones, lo que les impide tener acceso a la seguridad social y a créditos para vivienda, por ejemplo.

 

El primer argumento de los opositores a un incremento al minisalario –principalmente los empresarios y el mismo gobernador del Banco de México, Agustín Carstens (cuyo mandato es controlar la inflación),– es que un alza elevaría los precios al consumidor en la misma proporción, además de que presionaría el salario de otros trabajadores que están apenas arriba de este nivel de ingreso, quienes en su caso requerirían un incremento. También estiman que con el alza de 4.2% que se dio para este 2016 y con una inflación estimada por el Banco de México de 3.0% para el año, “se tendrá nuevamente una recuperación en el poder adquisitivo de los trabajadores de salario mínimo de más de un tercio de la inflación esperada”. O sea, que para ellos, que el mínimo le gane uno por ciento a la inflación es más que suficiente. Por eso es que les espanta escuchar propuestas que hablen de elevar los mínimos en 15, 20 o 30 por ciento. 

 

Sin embargo, estudios económicos al respecto señalan que un incremento del salario mínimo a niveles de 80 pesos (es decir, apenas 10 pesos más del vigente), impactarían a la inflación en 0.9 por ciento. Además, hay que considerar que el nivel del minisalario en México es tan bajo, que los efectos “negativos” de un modesto incremento como el planteado podrían reducirse sustancialmente con otras medidas de control inflacionario.

 

Si realmente se quisiera respetar  lo mandatado por la Constitución, a precios actuales el nivel del salario mínimo debería rondar los 6 mil pesos, esto es, de 200 pesos diarios, algo todavía muy lejano para la realidad de los trabajadores de bajos ingresos.

 

Es cierto que la realidad económica de nuestro país, con crecimientos anuales de apenas dos por ciento del PIB en promedio, dificultan esta meta, pero también debe considerarse que el mercado interno se beneficiaría de un mayor gasto de estos trabajadores. 

 

Pero sobre todo, y más allá de consideraciones económicas, hay que elevar el poder adquisitivo de este sector laboral siempre tan golpeado porque sus condiciones de vida son realmente precarias, y un país con un gobierno y sociedad honestamente preocupados por los que menos tienen, debe hacer todo lo posible y su mayor esfuerzo por reducir la desigualdad.