El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, calculó que en nuestro país han muerto 151 mil 233 personas de diciembre de 2006 a agosto de 2015, incluyendo migrantes en tránsito. Agregó que desde 2007 hay al menos 26 mil personas cuyo paradero se desconoce, "muchas posiblemente como resultado de desapariciones forzadas". Denunció, además, que miles de mujeres y niñas son abusadas sexualmente o se convierten en víctimas de feminicidio y que "prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes."
Al resumir los resultados de su viaje a México, aclaró que ni él ni su oficina juzgarán lo que ocurre; tampoco la ONU y los representantes del Estado quienes podamos declarar que lo que se está haciendo o se ha hecho, sea suficiente. "Sólo la gente puede hacer esto, especialmente aquellas personas en mayor desventaja, las víctimas del delito o las familias de éstas son quienes tienen la credibilidad para emitir este juicio."
Agregó que estadísticas oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver; "la mayoría de ellos no son nunca propiamente investigados. Por tanto no es sorprendente que la ciudadanía mexicana se sienta insegura –no obstante la baja en la tasa de homicidios y secuestros, misma que saludamos."
Caso Tlatlaya
Recordó que el 30 de junio de 2014, "autoridades militares anunciaron que durante un ataque en una bodega del municipio de Tlatlaya en el estado de México, "soldados mataron a 22 de los agresores incluyendo a una niña de 15 años. Sólo después de varios meses, y gracias a una valiente testigo y algo de periodismo audaz, emergió una historia por completo diferente; dicha historia sugiere que la mayor parte de esas 22 personas de hecho se habían rendido y que luego fueron ejecutadas sumariamente, y que tres mujeres sobrevivientes habían sido sujetas a detención arbitraria y a tortura. Desde entonces, detalles más alarmantes sobre el caso han emergido, como la aparente alteración de la escena del crimen y la fabricación de cargos contra las sobrevivientes, así como la naturaleza de las órdenes de operación dadas al oficial a cargo de las mismas."
Poco antes de este grave incidente, advirtió, el Código Militar había sido reformado ubicando a los militares bajo la jurisdicción civil en el caso de crímenes cometidos contra civiles. El caso de Tlatlaya es uno de los primeros en ser revisados bajo este sistema, y su progreso, por tanto, será observado de cerca."
Caso Iguala
Al Hussein aseguró que "La confianza de la ciudadanía en las instituciones federales y locales fue seriamente resquebrajada por las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas, ocurridos en Iguala, estado de Guerrero. Los informes sugieren poderosamente que la policía local realizó violentos ataques y emboscadas en contra de los estudiantes desarmados, así como contra un equipo de fútbol local."
"El reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), mismo que fue designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e invitado por el Gobierno mexicano para dar seguimiento a la investigación en el caso de Iguala, descartó la versión original de las investigaciones sobre que los cuerpos de los estudiantes habían sido incinerados en un basurero municipal. También reveló que fuerzas de seguridad federales tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo mientras estaba sucediendo, pero que no intervinieron. El informe manifestó que el alcance y la complejidad de las operaciones de variadas y diversas fuerzas de la policía involucradas en la emboscada, arrestos, tiroteos y desaparición forzada de los estudiantes significan que debe haber habido una coordinación centralizada", agregó.
Apuntó que el caso de Iguala recibió gran atención, no sólo en México sino alrededor del mundo,"y la voluntad y la habilidad de las autoridades para afrontar los crímenes violentos y la corrupción fueron puestas a prueba. Si el verdadero destino de los estudiantes finalmente es revelado como resultado de una rigurosa y determinada investigación, y el amplio rango de perpetradores es identificado, procesado y sentenciado, incluyendo reparaciones a las víctimas, este terrible caso podría tener un efecto beneficioso en muchas otras situaciones similares en el país. Es importante que el Gobierno actúe decisivamente sobre las recomendaciones del GIEI incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con miembros del Batallón no. 27, quienes estaban presuntamente en la escena cuando algunos de los ataques tuvieron lugar."
El funcionario de la ONU solicitó públicamente al Estado mexicano lo siguiente::
- Fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo.
- Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza.
- Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública.
- Implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.