Denuncian expertos sobreexplotación de acuíferos

 

Fuente: Cámara de Diputados.

Foto: UNAM.

Viernes 16 de septiembre de 2016.

 

CIUDAD DE MÉXICO.- Especialistas ambientales urgieron a diputados de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, presidida por Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), cambiar el principio de gestión del recurso porque eleva el riesgo de desabasto, así como modificar el criterio para otorgar concesiones de uso, ya que ha alentado la sobreexplotación de acuíferos y pone en riesgo la seguridad hídrica y la capacidad de adaptación al cambio climático.

 

Ante la elaboración de la nueva Ley General de Aguas, afirmaron que se requiere una política de Estado que beneficie a todos, sin atender intereses económicos.

 

En reunión de trabajo con Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Desarrollo y Ambiental, y Eugenio Barrios, director de World Wildlife Fund México, los legisladores manifestaron su preocupación por la reducción del presupuesto para infraestructura hídrica y por la sobrexplotación de acuíferos.

 

Pichardo Lechuga señaló la necesidad de crear un Sistema Nacional de Información Hídrica que permita conocer las condiciones de aprovechamiento y sobreexplotación de los acuíferos, con el fin de tomar las mejores decisiones.

 

Consideró oportuno especificar las funciones de los Consejos Comunitarios que regulan el aprovechamiento del agua en el medio rural, a fin de lograr decisiones democráticas que beneficien a los habitantes, con quienes se tiene una deuda en el abasto del líquido, y alentar las óptimas prácticas de usos y costumbres con que se manejan algunas regiones.

 

 

En su ponencia, Eugenio Barrios, director de World Wildlife Fund México, apuntó que el reto es crear una nueva Ley General de Aguas que dé certidumbre y claridad para establecer límites al uso de concesiones, para encontrar balances virtuosos y sustentables del recurso.

 

Urge cambiar el principio de gestión del agua, porque eleva el  riesgo de desabasto, ya que el actual esquema se basa en la sobrexplotación de acuíferos, sostuvo.

 

Además, debe darse prioridad de dotar a todos del recurso, por lo que propuso pensar en reformas y acciones baratas y alentar la participación ciudadana, para preservar el recurso ante la reducción presupuestaria, que impedirá la construcción de una infraestructura hídrica más eficiente.

 

Señaló que el aumento en las concesiones otorgadas no es la única causa de la sobreexplotación de los recursos hídricos, sino el descuido en la asignación.

“Si seguimos operando el criterio de asignaciones de escurrimientos del 100 por ciento medio anual, se gestionará siempre el déficit y se pone en riesgo la seguridad hídrica y la capacidad de adaptación al cambio climático, que exigirá crear más infraestructura, situación que se complica con el recorte presupuestario”, explicó.

 

En su participación, Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Desarrollo y Ambiental, propuso un decálogo para garantizar el acceso al agua sin discriminación alguna, a fin de que la población que no pueda pagar la reciba sin costo, priorizando el uso personal y doméstico en la nueva ley general, para proteger y garantizar un abasto de entre los 50 y 100 litros diarios por habitante, de forma continua.

 

Afirmó que se tienen problemas mayúsculos y preocupantes en el sector hídrico por la falta de sin recursos suficientes. Pidió a los diputados tomar esto en cuenta, al elaborar el capitulado de la nueva ley general.

 

Además, continuó, alentar la planeación progresiva del recurso; establecer partidas presupuestales que estimulen la creación de infraestructura; fijar estándares de calidad y cantidad salubre para consumo personal y doméstico; acceso seguro y a no más de 100 metros del hogar, y que el  costo no rebase el 3 por ciento del ingreso de la familia.

 

Igualmente, crear disposiciones que armonicen la sustentabilidad financiera de agua potable y su saneamiento, y establecer  mecanismos para que las comunidades rurales o lejanas cumplan su derecho al agua, mediante ecotécnicas que den cobertura universal.

 

También, reconocimiento de otros organismos que prestan el servicio de agua potable como los consejos comunitarios; salvaguardas para evitar la discriminación y subsidios para proveer agua a quienes no puedan pagarla y cubrir necesidades básicas; mecanismos de participación social, acceso a la justicia, a la información, monitoreo y rendición de cuentas.