Por: Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Primera parte del Análisis Económico Ejecutivo correspondiente al lunes 15 de febrero de 2016.
La rápida caída de los precios del petróleo desde mediados de 2014, junto con la disminución en los niveles de producción y exportación del hidrocarburo, aunado claro está, a factores como al nerviosismo que se generó a principios del 2015 por la inminente normalización de la política monetaria de los Estados Unidos, así como una constante baja en los precios de otras materias primas y la desaceleración que mostraba la economía mundial, fueron suficientes para generar una seria preocupación sobre el futuro de las finanzas públicas, por lo que el 30 de enero del 2015 la Secretaría de Hacienda anunció un recorte de 124 mil 300 millones de pesos como medida preventiva ante la expectativa de un escenario complejo por varios años.

Sin embargo, durante 2015 el entorno siguió debilitándose, incluso el precio del petróleo después de desplomarse 60.5% entre el 20 de junio del 2014 (el nivel más alto de ese año) y el 30 de enero del 2015, cuando se informó sobre el recorte presupuestal, a partir de esa fecha y hasta el cierre de la semana pasada, se redujo en un 45% adicional. Además la economía mundial siguió debilitada y el mercado petrolero no anticipaba una recuperación durante varios años.
Las perspectivas de que el precio del crudo seguiría cayendo y la percepción de las autoridades de que el incremento de los ingresos no sería suficiente para compensar el efecto de la pérdida de ingresos petroleros, llevó a tomar la decisión de un nuevo ajuste preventivo pero ahora para 2016 por un monto de 135.1 mmp en el gasto programable, como se informó en los Precriterios de Política Económica 2016. Además se señalaba que este ajuste habría sido mayor de no haberse comenzado a reducir el gasto a partir de 2015.
Sin embargo, conforme fue avanzando el año, los reportes sobre las finanzas públicas no reflejaban claramente el efecto del ajuste anunciado. De hecho, las cifras indica que al cierre del 2015 el gasto total del sector público resultó superior en 197.3 mmp, respecto a lo programado, mientras que el gasto programable superó en 156.3 mmp lo autorizado por el Congreso. Evidentemente esto indica que no hubo un recorte efectivo del gasto público, como lo habían anunciado las autoridades.

Este comportamiento se puede atribuir en buena medida al efecto que generó el hecho de que los ingresos totales del sector público resultaran 242.5 mmp mayores que lo presupuestado por el Congreso. Es decir, la mayor disponibilidad de recursos al parecer inhibió, como en muchas ocasiones ha ocurrido, la necesidad de ajustar el presupuesto de egresos.
Esto permitió que el déficit público durante 2015 que fue de 637.6 mmp, resultara ligeramente menor (3.9 mmp) a lo aprobado en el Congreso, lo que le dio oportunidad a las autoridades para resaltar que el ejercicio concluyó con finanzas públicas sanas y se cumplió el objetivo de déficit público.
Sin embargo, el 44.3% de los ingresos adicionales provino de las coberturas petroleras que se contrataron, por lo que la preocupación que se menciona en los Precriterios 2016 en cuanto a que a pesar de que los ingresos tributarios alcanzarán niveles históricos no serán suficientes para hacer frente al debilitamiento de los ingresos petroleros, sigue siendo válida.
Además, se debe mencionar que el gasto público sigue reflejando un importante dispendio de recursos a través de una elevada cantidad de programas sistenciales con baja o nula rentabilidad social, que lo único que hacen es contribuir a perpetuar la pobreza. Asimismo, el gasto productivo, el que incide en la creación de empleos y crecimiento, sigue siendo el renglón de ajuste para compensar la ineficiencia en la asignación de los recursos. Es cierto que no todo el gasto corriente es malo ni todo el de inversión es bueno, pero debe haber suficiente capacidad para poder identificarlo.
La importancia del gasto público se centra en su eficiencia, es decir, hacer más con menos. Es un factor fundamental en la redistribución del ingreso y en el fortalecimiento del entorno para que todos los agentes económicos puedan desarrollarse constantemente. De ahí la importancia que tiene una revisión exhaustiva de todos los programas de gasto existentes con el objetivo de identificar puntualmente aquellos que representan un gasto innecesario, como ya lo inició la autoridad hacendaria con el intento de presupuesto base cero.
Reducir el gasto público es un paso esencial para fortalecer la salud financiera del sector público en el largo plazo, con la posibilidad de recuperar el superávit financiero y reducir las presiones sobre la deuda. El ajuste, que debió iniciarse al año pasado no debe demorarse más, 2016 es el momento preciso para iniciar el proceso, pero de manera general, no solo concentrar el ajuste en PEMEX, también es necesario extenderlo a todo los niveles de gobierno.
Es importante tener en cuenta que se debe hacer frente a una nueva realidad de la economía mexicana como un país importador neto de petrolíferos, en tanto no se recupere la producción de curdo. De ahí la urgencia de llevar a cabo ajustes este año y sin duda para el 2017. Este es el momento de diseñar una verdadera reforma fiscal que fortalezca el mercado interno, que estimule la inversión y que se centre en gravar el consumo.
El ajuste del gasto sin duda ayudará a hacer más eficiente la asignación de los recursos públicos, pero en el proceso habrá que erradicar la corrupción y combatir la ineficiencia burocrática del gobierno, además de fortalecer las inversiones en infraestructura que realmente incidan en el desarrollo del país.
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