° Cada quincena salen 300 mil pagos irregulares.

° México es de los países con menos horas de clase.

° Se deben sancionar abusos de sindicalistas.

° El 22% de los jóvenes de 15 a 29 años, ni estudia, ni trabaj.

 

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de febrero.- La reforma educativa lleva dos años de no aplicarse por la corrupción e impunidad que impera en el sector,  en particular, por la acción de grupos sindicales que han tomado como botín y renta el presupuesto educativo, así como medio para perseguir fines políticos ajenos a la docencia e inclusive a la organización gremial.

 

Así lo expresó hoy el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, quien señaló "que el chantaje que ejercen estos grupos, que han tomado como rehén la educación de millones de niños y jóvenes, está en el trasfondo de una de las más nocivas formas de corrupción e impunidad que hay en México. Afecta el presupuesto público, pero lo más grave, atenta contra el futuro de las nuevas generaciones."

 

Afirmó que "la corrupción, la impunidad, los abusos e ineficiencias en el sistema educativo están detrás de que México sea uno de los primeros lugares en cuanto a horas de clase perdidas, entre los países donde se hacen mediciones de estos temas. En nuestras aulas se dan anualmente, en promedio, 562 horas efectivas de clase, contra 710 en Estados Unidos, a pesar de que ellos tienen un calendario con 20 días menos."

 

Señaló que el "22% de los mexicanos de 15 a 29 años no tienen empleo ni están matriculados en educación o formación. Ni estudian, ni trabajan."

 

"En cuanto a la nómina educativa, se han estimado cerca de 300 mil pagos irregulares, que podrían costar al erario más de 35 mil millones de pesos cada año", agregó.

 

"Ya basta de impunidad. Pedimos, como la gran mayoría de los mexicanos, millones, firmeza en la implementación de la reforma educativa y Estado de derecho, sin excepciones. Que no se permitan, ni  queden sin sanción los actos de vandalismo; que no se sigan pagando rentas a aviadores y faltistas, y que se despida, conforme a derecho, a quienes estén cometiendo abusos, comenzando por la revisión a fondo y depuración de los casi 40 mil empleados que no se sabe dónde están ni qué hacen. Que no se siga exprimiendo al erario para financiar privilegios de líderes y grupos, y propósitos políticos extra educativos", exigió.