El pasado 8 de septiembre el Ejecutivo entregó al Congreso el Paquete económico para el 2016. Tras un rápido análisis, la mayoría de opiniones apuntaron a que es un paquete realista y que puede contribuir para el crecimiento económico y la generación de empleos.
Por el lado de los ingresos del sector público, se aprecia una caída real de 0.2%, lo que en términos monetarios significa una disminución de solo 8,600 millones de pesos a precios de 2016. Este resultado se origina principalmente en la baja de 30.0% en los ingresos petroleros, respondiendo como todos saben, a un menor precio del crudo y una menor plataforma de producción y exportación.

Asimismo, se considera que la recaudación por concepto de ISR se incremente 15.6% real, es decir, 168.6 mmp por arriba de lo aprobado en la Ley de Ingresos 2015. Evidentemente esto muestra en buena medida el cumplimiento del objetivo recaudatorio de la Reforma Fiscal. La recaudación por IVA aumenta solo 2.0%, señal de que no se espera un avance importante en materia de consumo de la población.
En materia de gasto se propone una disminución de 1.9% real, lo que en términos monetarios representa una baja de 92.7 mmp. Un aspecto que resalta en el proyecto de presupuesto 2016, es la disminución de 5.8% en el gasto programable (221 mmp a precios de 2016), lo que en principio indica que el sector público sí se ajustará el cinturón. Es importante ubicar en dónde se harán los mayores ajustes e intuir si esto incidirá positivamente en el crecimiento de la economía. Hay que mencionar que el gasto en pensiones es prácticamente el único renglón que se incrementa dentro del grupo de gasto programable.

La inversión es el principal motor del crecimiento, y por ello es fundamental estimular su crecimiento, tanto por el lado del sector público como del privado. Sin embargo, es precisamente la disminución de 21.1% en el gasto de capital del sector público la principal causa de la baja en el gasto programable, situación que debería reconsiderarse si se quiere lograr un dinamismo elevado y sostenido en el desempeño de la actividad económica del país.
Por el contrario, el gasto no programable crece en 12.2%, respondiendo al impulso del aumento de 14.4% en el costo financiero de la deuda ante la expectativa de tasas de interés más altas y un mayor tipo de cambio el próximo año, así como del alza de 8.5% en el rubro de participaciones a entidades federativas como resultado del crecimiento en la recaudación participable.
Si bien es una buena señal la propuesta de una disminución en el gasto público, y sobre todo el compromiso de reducir el déficit y el endeudamiento, además del esfuerzo por bajar el déficit primario (el que no incluye el pago de intereses de la deuda) a medio punto del PIB, el sacrificio de la inversión si puede implicar un menor incentivo al crecimiento. Ya hemos comprobado que aún con elevados montos de gasto, la economía y las familias del país no han tenido un beneficio importante; la importancia de la inversión radica en la mayor generación de empleos que podría impulsar.

En el documento de Criterios 2016, se “plantea una política de deuda flexible que se orientará a cubrir las necesidades de financiamiento”. De acuerdo con las estimaciones oficiales, esta flexibilidad llevará al saldo de los Requerimientos Financieros del Sector Púbico (SHRFSP), que es el que refleja todos los compromisos reconocidos por el sector público, a niveles máximos de 47.8% como proporción del PIB en 2017, para iniciar una tendencia a la baja a partir de 2018. Siguiendo esta tendencia se tiene que del cierre del 2012 al 2018, el SHRFSP habrá tenido un aumento de 9.7 puntos del PIB.
En resumen, parece ser que el paquete 2016 cumple sus objetivos recaudatorios y muestra avances en materia de reducción de gasto público, Sin embargo, esto todavía no refleja un beneficio claro para la economía en su conjunto ni para los hogares del país, toda vez que por una parte, las familias siguen siendo afectadas por la mayor carga impositiva que implicó la reforma fiscal aprobada desde 2014 y que según el compromiso de las autoridades hacendarias, no tendrá modificaciones hasta el 2018.
Será la disminución del gasto que pondrá a prueba la eficiencia con que el sector público ejercerá los recursos para estimular el crecimiento de la economía, con una disminución en el gasto se espera que el hacer más con menos se convierta en una actitud permanente, aunque no hay indicios de poder esperar un impacto importante en materia de crecimiento, sobre todo cuando el gasto de capital se contrae significativamente.
El hecho es que el gasto en inversión sigue siendo el renglón de ajuste en el presupuesto de egresos cuando la situación económica se torna difícil, sobre todo cuando el sector público compite por una importante cantidad de recursos en el mercado, reduciendo la disponibilidad para el financiamiento privado.