- Análisis Económico Ejecutivo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), correspondiente al 10 de agosto de 2015.
Después de los resultados que se obtuvieron con la primera fase de la Ronda Uno, en donde solo dos de los catorce proyectos que se ofertaron fueron adjudicados, las autoridades hacendarias decidieron hacer algunas modificaciones a las bases de licitación para la segunda convocatoria, con el objetivo de facilitar y hacer más atractiva la participación de las empresas interesadas por alguno de los proyectos que se licitaran en esta segunda fase.
En la segunda fase de la Ronda Uno, que se celebrará a finales de septiembre, se licitarán cinco contratos de extracción en nueve campos de aguas someras ubicados en el Golfo de México. El menor riesgo que implica este tipo de contratos puede ser un incentivo adicional a la flexibilización de las condiciones de participación para las empresas interesadas.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda, los avances del proceso de licitación para la segunda convocatoria al 10 de julio indican que hay 26 empresas que han iniciado el proceso de precalificación para participar en la licitación de los cinco contratos que ofrecerá el Gobierno Federal.
De acuerdo con las autoridades, las adecuaciones a las condiciones de licitación tienen el objetivo de captar mayores inversiones, lo que finalmente se puede reflejar en más empleos y en un estímulo para el crecimiento de la economía. Entre los cambios que realizaron las autoridades están:
⦁ El ajuste a los umbrales del mecanismo de ajuste aplicable para el cálculo de las contraprestaciones.
⦁ Se flexibilizan las condiciones para la presentación de las garantías correspondientes a la presentación de propuestas, cumplimiento del programa mínimo de trabajo y el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
⦁ Se especifican los montos de cobertura de seguros requeridos de manera previa a la realización de las actividades petroleras amparadas en el contrato.
⦁ Se incluyen definiciones de los conceptos de culpa y dolo con la finalidad de dar mayor certidumbre sobre el proceso de rescisión administrativa.
⦁ Se designa como autoridad nominadora al Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje de la Haya.
⦁ Se prevé que la transferencia de la propiedad de los bienes muebles del contratista al Estado estará sujeta a la recuperación de las inversiones.
⦁ Se flexibilizan las condiciones para la presentación de propuestas por distintas compañías que hayan cumplido con los acuerdos de confidencialidad que correspondan; se flexibilizan las reglas para la formación de consorcios y su participación; se permite que la compañía que funja como operador en un licitante agrupado pueda participar simultáneamente como un licitante individual para áreas contractuales en las que no presente propuesta con el consorcio; se incluye una previsión para que, ante la salida de un operador de un consorcio, los demás miembros puedan unirse a otro licitante (individual o agrupado), o incorporar a un nuevo operador precalificado al consorcio.
Es claro que la Reforma Energética comenzó a dar sus primeros frutos, los cuales si bien no fueron lo que se esperaba, lo cierto es que esta fue una fuente de experiencia sumamente importante, toda vez que llevó a corregir aspectos que pueden hacer que la segunda fase sea más atractiva para los inversionistas. Hay que recordar que de no haber puesto límites de utilidad en los rangos en que lo hicieron las autoridades en la primera fase, la asignación habría sido de seis bloques, lo que pudo haber superado muchas expectativas.
Sin embargo, aunque parece ser que el riesgo de los proyectos ofrecidos es reducido, el entorno del mercado petrolero mundial podría incidir en la postura de las empresas participantes, sobre todo por el bajo nivel de precios del petróleo y la perspectiva de que estos no mejoren mucho en los próximos años. Aunado a esto habría que considerar si la mala percepción sobre el estado de derecho en el país puede afectar los resultados de esta fase de licitación: la corrupción y la impunidad sin duda están en sus niveles históricamente más altos.
La confianza, como hemos dicho en diversas ocasiones, es un factor que debe ser usado de la mejor manera posible para estimular la inversión productiva.
Uno de los activos más representativos de la reforma energética sin duda es la cantidad de inversión que podría generar para el país en el mediano y largo plazos, lo que sin duda incrementaría de manera muy importante la capacidad de generación de empleos mejor remunerados.
La percepción de que la reforma energética ha sido decepcionante simplemente abona a incrementar la incertidumbre sobre su éxito, cuando deberíamos trabajar en los mecanismos que pueden apoyar su consolidación. Es fundamental hacer esfuerzos en materia fiscal, de tal manera que las empresas interesadas tanto en los proyectos sobe hidrocarburos, como en cualquier otro segmento productivo, no vean los compromisos con el fisco como un obstáculo para invertir. La primera fase de la Ronda Uno sin duda sirvió de experiencia en este entorno, de tal manera que en la Fase Dos, si bien los proyectos pueden ser más atractivos por el reducido riesgo que representan, las empresas tendrán más incentivos para participar.
Asimismo, en estos momentos es fundamental instrumentar medidas en materia de corrupción e impunidad que lleven tanto a empresas como a toda la población a cambiar su expectativa sobre el desempeño de la economía en el futuro. Hasta ahora los pronósticos de crecimiento del PIB se siguen ajustando a la baja y ya se ubican en 2.6% para el presente año. Esto es realmente preocupante si se considera que este porcentaje está por debajo del avance inercial de 3.0% que se anticipaba sin considerar ningún efecto de las reformas aprobadas.
Es claro que las reformas son necesarias pero no suficientes para impulsar al país. Se requieren otras medidas como erradicar la corrupción y la impunidad, aplicar la ley a quienes atenten contra ella, además de consolidar un sistema educativo que realmente contribuya en el cambio de actitud de la población.
La experiencia que se gana con esta mecánica de licitación, puede ser el principio de una industria petrolera más eficiente, productiva y competitiva, sin que ello signifique perder los derechos que tiene el país sobre el petróleo.
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