El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) propone estrategias para que la economía mexicana tenga mejores niveles de crecimiento.
Tomado de: Análisis Económico Ejecutivo.
Fecha: 8 de febrero de 2016.
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Para crecer y además diferenciar claramente a México en el ámbito mundial, son fundamentales dos aspectos: eliminar el déficit primario, lo que implica en buena medida una reducción del gasto público, así como su eficiente asignación, y erradicar la corrupción.
Indudablemente el binomio que representa tener finanzas públicas sanas y nulos niveles de corrupción, es la fórmula más efectiva de fortalecer a México.
Desde hace tiempo, el CEESP ha insistido en que la corrupción representa un desincentivo para la actividad económica del país. En los últimos años esta conducta se ha profundizado de manera muy grave, al grado de que especialistas y organismos nacionales y extranjeros la han calificado como uno de los principales factores que pueden inhibir un mayor crecimiento de la economía, toda vez que representa enormes costos para la actividad productiva, lo que incide negativamente en los flujos y la eficiencia de la inversión tanto pública como privada.
Datos del World Economic Forum indican que en sus últimos cuatro reportes anuales sobre la Competitividad Mundial, la corrupción se ha ido convirtiendo en el principal problema para hacer negocios. Mientras que en el reporte 2012-2013, 16.4% de las respuestas consideraron este factor como el más preocupante, en el documento 2015-2016, el porcentaje se elevó a 20.2%.
La corrupción, que se apoya en una clara impunidad en el sistema de justicia reflejándose en un alto grado de inseguridad, ha escalado a niveles preocupantes, sobre todo porque ha dejado al descubierto la fragilidad de las instituciones encargadas del fortalecimiento del estado de derecho y del cumplimiento de las leyes. Dentro del Índice de Estado de Derecho 2015, elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial, México ocupó el lugar 88 de 102 países en materia de corrupción, en tanto que en los temas de justicia civil y justicia criminal, ocupó los lugares 82 y 93, respectivamente.
El Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, es otro indicador que deja en claro la gravedad de este problema en nuestro país. Según su más reciente reporte para el 2015, México se ubica en niveles considerablemente bajos en el ranking mundial en materia de corrupción al ocupar la posición 95 de un universo de 168 países. Si bien este resultado muestra una mejora en comparación con el año previo cuando nuestro país estuvo en el lugar 103, es importante señalar que este avance no fue precisamente por una mejor percepción, toda vez que la calificación se mantuvo sin cambio en 3.5 puntos.
Sin embargo, lo preocupante es el hecho de que los esfuerzos por erradicar este problema no han tenido ningún resultado, toda vez que entre el 2005 cuando se ocupó el lugar 65 con la misma calificación de 3.5 puntos y el 2015, nuestro país ha perdido 30 posiciones en el ranking mundial.
Permanecer en lugares muy bajos de la clasificación mundial en materia de corrupción, refleja problemas de una deficiente gobernabilidad, así como de la fragilidad de instituciones que tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley.
Es por ello que si se quiere erradicar este problema que revela una actitud de abuso de poder, es indispensable un sistema judicial que se caracterice por la integridad e independencia de otros sectores de gobierno o incluso de partidos políticos o grupos de interés, así como un ambiente de absoluta transparencia presupuestal que permita saber con exactitud cuál es el destino del gasto público, entre otros factores importantes.
No hay que perder de vista que la corrupción genera costos monetarios importantes, pero es claro que resulta más gravoso no instrumentar o rezagar los mecanismos que lleven a su erradicación. El mayor costo de no lograr avances importantes en esta materia podría ser equivalente a la imposibilidad de lograr tasas de crecimiento económico cercanas a 5.0%.
Un órgano anticorrupción verdaderamente independiente con jurisdicción nacional, y con capacidad de intervención en Estados y Municipios, podría resolver eficientemente conflictos de interés que pudieran surgir en cualquier momento. Actualmente las instituciones que podrían participar en este esfuerzo no tienen la independencia ni la jurisdicción necesarias. En los países con éxito en este combate, hay un órgano independiente y/o un sistema que lo incluye.
El combate eficiente contra la corrupción requiere de un esfuerzo de inteligencia institucional, toda vez que fortalece la organización de diversas instituciones con autoridad suficiente, que compartan información y recursos con el objetivo de concentrarse en corregir las causas del problema y no solo castigar los delitos de corrupción, que en más de las veces no tienen consecuencias serias dados los niveles de impunidad que prevalecen.
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