CIUDAD DE MÉXICO, 4 de julio.- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) rechazó las acusaciones del Centro Pro de Derechos Humanos, en el sentido de que hubiera ordenado el asesinato deliberado de civiles en el caso Tlatlaya.
Mediante 38 indicaciones, explica la SEDENA se “busca proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas y privilegiar el respeto a los derechos humanos, lo que se acredita en varios párrafos del documento.”
A continuación, el comunicado íntegro emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, a este respecto:
En relación con las afirmaciones del Centro Prodh respecto al documento militar presentado en su informe del “Caso Tlatlaya”, la Secretaría de la Defensa Nacional señala lo siguiente:
El documento en cuestión contiene una serie de instrucciones operativas para el relevo de la base de operaciones de San Antonio del Rosario, Estado de México.
Mediante 38 indicaciones, busca proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas y privilegiar el respeto a los derechos humanos, lo que se acredita en varios párrafos del documento, tal y como se aprecia en las siguientes citas:
“…Actuando en forma contundente y conforme a derecho, prevaleciendo en todo momento el respeto a los derechos humanos y a la observancia de la ley para prevenir y sancionar la tortura…”.
“…La prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas inocentes, evitándose generar víctimas colaterales…”.
“…Las operaciones deben realizarse con estricto respeto a los derechos humanos, evitando cateos sin orden de la autoridad judicial, así como el traslado de detenidos al interior de instalaciones militares…”.
“…Deberá apegarse a lo establecido en la ‘directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo de las autoridades civiles’ y en la ley federal de armas de fuego y explosivos…”.
Del análisis de la totalidad del documento, se desprende que su propósito es que las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto a los DD.HH.