Por: Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
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El análisis y discusión del Presupuesto de Egresos 2016 por parte de la Cámara de Diputados, sin duda traerá comentarios encontrados en cuanto a la necesidad, cuantía y renglones de gasto que deberían ajustarse para hacer más eficiente la asignación de recursos.
El Presupuesto que entregaron las autoridades hacendarias al Congreso anticipa una disminución de 1.9% real en el gasto público, lo que en términos absolutos en pesos de 2016 implica una disminución de solo 92.7 miles de millones de pesos (mmp).
Para muchos esta cifra será poco representativa después de los niveles a los que ha llegado la erogación de recursos del sector público en los últimos años. Si tomamos el gasto total propuesto para el 2016 y lo comparamos con el presupuestado para 2012, se tiene que en ese lapso el gasto habrá tenido un aumento de aproximadamente 1 billón de pesos en términos corrientes.
Al observar estas cifras, la pregunta sería; ¿porqué con un gasto tan elevado para el 2016 que suma 4.7 billones de pesos y su evolución en los últimos años, es tan reducido el ajuste que se propone?
La respuesta está en la rigidez que tiene la estructura del gasto, es decir, existen una gran cantidad de rubros que son obligatorios haciendo que la posibilidad de eliminarlos o reducirlos sea muy complicada, además de que hay conceptos que son inamovibles generados por varias razones.
El tema fiscal es una de ellos, toda vez que por una parte propició una política tributaria que incidió negativamente en el ingreso disponible de las familias, lo que se convirtió en recursos adicionales para asignarlos como participaciones a las entidades federativas, donde se diluyen los recursos sin un beneficio claro para la población, además de ser un rubro con prácticamente una nula posibilidad de ajuste.
Aunado a esto, están los compromisos generados por una mayor necesidad de financiamiento del sector público, que en los últimos dos años y medio ha significado un aumento de 7.2 puntos del PIB si consideramos el Saldo de Requerimientos Financieros del Sector Público, que es el rubro más amplio sobre la deuda del país. Evidentemente esto se refleja en un costo financiero más alto, renglón que junto con el de las participaciones a entidades federativas.
Y el de Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS), integran el gasto no programable del sector público y son poco susceptibles de modificaciones por parte del Congreso.
La posibilidad de una revisión del gasto se concentra entonces en el gasto programable, donde según el Presupuesto 2016 se propone una disminución real de 5.9%, lo que en términos absolutos significa un gasto inferior en 221 mmp reales respecto al presupuesto 2015. Pero incluso en este caso la posibilidad de ajuste es complejo, debido a que igualmente hay rubros que son obligatorios, dificultando su desaparición o modificación, pese a la metodología base cero que implementó la Secretaría de Hacienda en la elaboración del presupuesto, que consiste en la revisión de todos los programas públicos.
Si bien es cierto que esto llevó a la identificación de numerosos programas ineficientes y regresivos, se puede inferir que su integración a otros rubros de gasto o su desaparición en los casos que lo ameritaba, simplemente representaron un ahorro de 82.7 mmp del total de la disminución del gasto programable. El resto, del ajuste se concentró en el rubro de gasto de capital (inversión) donde se propone una disminución de 189.2 mmp a precios del 2016, lo cual es preocupante en un contexto en el que la inversión es fundamental, tanto para fortalecer la estabilidad macroeconómica, como para impulsar un mayor ritmo de crecimiento de la economía.
Evidentemente los compromisos adquiridos por el Sector Público, que se convirtieron en gasto obligatorio, dejan con pocas posibilidades de una reducción importante en el gasto público. Dentro del Presupuesto de Egresos para el 2016, se marca como gasto obligatorio un total de 3,439 mmp, lo que deja en posibilidad de ajuste un total de 1,276 mmp, de los cuales, como ya mencionamos, el ajuste total será de 221 mmp.
En un entorno como este, es fundamental que los acuerdos conduzcan a un verdadero ajuste del gasto público, pero más allá de esto, es indispensable plantear la forma más idónea de hacer más eficiente la asignación de recursos. Hacer más con menos se debe convertir en el objetivo principal del sector público, sin olvidar que la inversión debe ser parte vital de los objetivos gubernamentales para lograr un mejor desempeño de la actividad económica.
El escenario es complicado, pero si se logra una política tributaria que estimule la inversión y un gasto que se refleje en una mejora en la distribución del ingreso, habrá más posibilidades de enfrentar con mayor fortaleza los desequilibrios de la economía mundial.