Se reúnen empresarios con el Presidente de la República

Fuente: CCE.

Imagen: Archivo PL.
22 de junio de 2016.

 

La noche de ayer, los Presidentes de los organismos que conforman el Consejo Coordinador Empresarial sostuvimos una reunión con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante la cual expresamos nuestras valoraciones y preocupaciones sobre el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado recientemente por el Congreso.

 

En la reunión, reconocimos el gran avance que implica la aprobación de las primeras siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, que permitirán avanzar hacia un país más justo y libre de impunidad. 

 

Los empresarios sabemos que debemos ser parte de la solución al problema de la corrupción. Afirmamos que cualquier acto de corrupción por parte de un privado debe ser sancionado con todo el peso de la ley, incluso de forma penal. En este sentido, coincidimos plenamente con quienes reclaman que la corrupción sea castigada con igual severidad tanto en el sector público como en el privado. 

 

Por ello, consideramos positivo que la legislación aprobada contemple sanciones concretas para los privados que incurren en actos de corrupción, como también ya lo hacen numerosos ordenamientos jurídicos que regulan las compras públicas, licitaciones y la competencia económica. 

 

Los empresarios, además, reiteramos nuestra disposición a seguir trabajando en el fortalecimiento de una verdadera cultura de la legalidad, y a aplicar medidas de capacitación y certificación en nuestras empresas para fomentar las mejores prácticas internacionales en materia de ética  e integridad empresarial. Proponemos asimismo que en las licitaciones y contrataciones se requiera el cumplimiento por parte de las empresas de certificaciones en este sentido. Trabajaremos también en la generación de códigos de conducta y contacto para regular la relación entre funcionarios públicos y empresas.

 

Por otro lado, expresamos que debe revisarse la constitucionalidad de algunos artículos aprobados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, particularmente el 32 relativo a las declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés de las personas morales y físicas que reciban algún tipo de recurso público. En ese sentido, reiteramos nuestra posición de que esta medida resulta inoperable, y paralizaría al propio sistema, ya que no sería factible recabar y procesar los informes de las empresas, sus trabajadores y proveedores. 

 

La reunión transcurrió en un marco de respeto y diálogo a profundidad, donde los argumentos fueron escuchados y valorados.