Por: Redacción PL.
Lunes 11 de julio de 2016.
CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) tratará de evitar que funcionarios de los gobiernos salientes de Veracruz y Quintana Roo, presuntamente implicados en actos de corrupción, puedan quedar impunes.
En conferencia de prensa, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Salvador Sandoval Silva, explicaron que la PGR procederá a interponer acciones de inconstitucionalidad contra los nombramientos anticorrupción hechos "a modo", por los gobernadores de esas entidades y aprobados por los respectivos congresos estatales.
El vocero presidencial dijo al respecto:
Ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley. Esto es lo que demanda la sociedad mexicana.
Recientemente los congresos estatales de Quintana Roo y Veracruz aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
Sandoval Silva, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR declaró, por su parte, que las acciones de inconstitucionalidad que se presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratarán de revertir los nombramientos de contralores generales de ambas entidades, así como de fiscales y magistrados anticorrupción.
El vocero presidencial dijo al respecto:
Ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley. Esto es lo que demanda la sociedad mexicana.Recientemente los congresos estatales de Quintana Roo y Veracruz aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos generales del Sistema Nacional Anticorrupción.
Sandoval Silva, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR declaró, por su parte, que las acciones de inconstitucionalidad que se presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratarán de revertir los nombramientos de contralores generales de ambas entidades, así como de fiscales y magistrados anticorrupción.